El Congreso dio un paso clave para ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), al aprobar en primera votación un proyecto que permitiría a las empresas descontar el Impuesto General a las Ventas (IGV) cuando ejecuten proyectos bajo esta modalidad. La medida busca incentivar la participación del sector privado en infraestructura y servicios públicos, pero ha generado preocupación por sus posibles implicancias fiscales.
Según se detalla, la norma permitiría que el IGV, usualmente un tributo que las empresas entregan al fisco, pueda ser deducido en el esquema de OxI. Esto otorgaría a las compañías la posibilidad de elegir qué obligaciones tributarias cumplir y cuáles compensar con proyectos de inversión pública. El exministro de Economía, Alex Contreras, fue uno de los primeros en proponer esta ampliación, al considerar que podría dinamizar obras en sectores críticos.
¿Qué pasaría con la recaudación?
Diversos especialistas en finanzas públicas han alertado que la inclusión del IGV como impuesto deducible podría debilitar la recaudación fiscal y, en consecuencia, impactar en el presupuesto del Estado. Aunque se reconoce la necesidad de cerrar brechas en infraestructura, se advierte que medidas de este tipo deben analizarse con cautela para no comprometer la sostenibilidad fiscal.
Además, se plantea la creación de un nuevo esquema denominado Servicios por Impuestos (SxI), inspirado en el OxI, que ampliaría el alcance de la participación privada, no solo en obras físicas sino también en servicios, como educación o salud.
Perspectiva social y empresarial
Empresarios consultados consideran que la propuesta podría motivar a más compañías a involucrarse en proyectos públicos, especialmente en regiones donde la ejecución estatal ha sido limitada. Sin embargo, ciudadanos y expertos en políticas sociales exigen garantías de transparencia y mecanismos de control para evitar posibles beneficios indebidos o distorsiones en el mercado.
Hasta ahora, el Congreso ha aprobado la iniciativa en primera votación y se espera un segundo debate para su eventual promulgación. Mientras tanto, se han solicitado informes adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas para precisar el impacto real en las finanzas nacionales.
La propuesta mantiene en vilo a diversos sectores, que coinciden en la urgencia de promover inversión, pero sin descuidar la estabilidad fiscal ni la equidad tributaria.
