La Contraloría General de la República desplegará más de 1300 auditores a nivel nacional para fiscalizar la ejecución y el uso de los recursos públicos empleados en la implementación de los centros de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), previstas para el 4 de octubre. La entidad informó que el objetivo es que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.
De acuerdo con la Contraloría, el Operativo de Control de las ERM 2026 tiene como eje central la "ruta del gasto electoral" y busca garantizar que los recursos administrados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) —destinados a material electoral, transporte, personal y servicios— se ejecuten conforme a la legalidad y a las condiciones contractuales establecidas.
Distribución de auditores y cobertura
Del total de auditores, 465 se desplazarán por los centros de votación de Lima Metropolitana y 846 estarán en las distintas regiones del país. Las comisiones de control supervisarán 702 locales de votación en 114 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), abarcando 42 distritos de Lima Metropolitana y 150 provincias en 23 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.
Según la Contraloría, la intervención permitirá realizar control gubernamental a la ejecución de S/ 302.1 millones destinados a la producción y ensamblaje del material electoral, su despliegue y repliegue, y la contratación de personal de la ONPE y del JNE.
Alcance del control y plataforma RUTA360
La entidad precisó que el control es estrictamente logístico y presupuestal, orientado a vigilar el correcto uso de los recursos del Estado, sin intervenir en el acto de votación ni en el escrutinio, en respeto de la autonomía electoral. Los auditores verificarán hechos y condiciones logísticas para identificar e informar en tiempo real cualquier situación adversa a las entidades responsables de la jornada, con el fin de que adopten medidas correctivas oportunas.
Tal como ocurrió en las Elecciones Generales 2026, la Contraloría pondrá en marcha la plataforma RUTA360, mediante la cual se ejerce un monitoreo de las labores de control en tiempo real desde cualquier punto del país, lo que —según la entidad— dota de transparencia e inmediatez a la auditoría gubernamental.
Qué se fiscaliza y bajo qué marco legal
La Contraloría ejecuta este operativo en el marco de sus atribuciones constitucionales. El control alcanza cuatro frentes concretos del gasto electoral: el material electoral, el transporte, el personal y los servicios contratados para la jornada. En cada uno, los auditores verifican que la ejecución se ajuste a la legalidad y a las condiciones contractuales establecidas.
El despliegue se organiza en comisiones de control que operan en las 114 ODPE del país. Estas oficinas son las instancias desconcentradas de la ONPE encargadas de organizar el proceso electoral en cada circunscripción, por lo que la supervisión de la Contraloría se articula directamente con la estructura operativa que administra los locales de votación el día de los comicios.
La entidad subrayó que el control es logístico y presupuestal, y no comprende la intervención en el acto de votación ni en el escrutinio, en respeto a la autonomía de los organismos electorales. Los hallazgos que identifiquen los auditores se informan en tiempo real a las entidades responsables para que adopten medidas correctivas de manera oportuna.
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