El Congreso de la República se prepara para una sesión crucial este miércoles 20 de noviembre, en la que se decidirán dos proyectos de reforma constitucional que podrían redefinir el panorama político y judicial del país. Entre las propuestas destacan la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, así como la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura. Según un informe de Josué Chávez Cardoza para La República, estas reformas modificarían al menos 14 artículos de la Constitución Política del Perú y requerirán un mínimo de 87 votos para su aprobación en segunda votación.
Reelección: un cambio político divisivo
La posibilidad de reelección inmediata para alcaldes y gobernadores regionales es uno de los puntos más discutidos de la agenda legislativa. Si se aprueba, las autoridades locales y regionales podrían optar por un segundo mandato consecutivo, algo que ha estado prohibido desde las reformas políticas de 2015.
Los proyectos de ley 2303, 2343, 6375, 2027, 2067, 2225 y 2287 plantean modificaciones a los artículos 35, 191 y 194 de la Carta Magna. En particular, el artículo 191 establece que los gobernadores y vicegobernadores regionales podrán ser reelegidos por un periodo adicional inmediato, mientras que el artículo 194 otorga el mismo derecho a los alcaldes y regidores.
La reforma ha generado opiniones encontradas. Sus defensores argumentan que permitirá dar continuidad a proyectos de gestión pública que requieren más de un periodo para consolidarse. Sin embargo, los críticos temen que facilite la perpetuación en el poder de autoridades que podrían usar recursos del Estado para su beneficio político.
“Esta medida puede abrir la puerta a mayores niveles de corrupción y clientelismo político, especialmente en regiones donde los mecanismos de fiscalización son débiles”, advirtió en una entrevista el analista político Luis Benavente.
Eliminación de la JNJ: ¿avance o retroceso?
Otro punto álgido del debate es el proyecto de ley 6816/2023-CR, que propone la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta entidad, encargada de nombrar, ratificar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales, sería sustituida por la Escuela Nacional de la Magistratura.
La reforma plantea que la nueva institución no solo formará y seleccionará a aspirantes a jueces y fiscales, sino que también otorgará títulos que acrediten su idoneidad para ejercer estos cargos. Además, tendría la facultad de cancelar estos títulos en caso de incumplimiento de la ley, según lo estipulado en el artículo 150 de la Constitución reformada.
Por otro lado, el artículo 156 propone que los jueces y fiscales sean evaluados de manera continua por sus propias instituciones, lo que ha generado preocupación en diversos sectores por la posible falta de independencia.
“La eliminación de la JNJ es un retroceso en la lucha por la independencia judicial y la transparencia. Cambiar un sistema que ya estaba funcionando por una propuesta menos clara podría generar inestabilidad en el sistema de justicia”, señaló el constitucionalista Omar Cairo en declaraciones recientes.
Un Congreso dividido
La aprobación de estas reformas no está garantizada. En la primera votación, la propuesta de reelección logró avanzar con 88 votos a favor, el mínimo requerido. Sin embargo, algunas bancadas han expresado reservas sobre su respaldo en esta segunda instancia.
En el caso de la eliminación de la JNJ, las críticas han sido aún más contundentes. Diversos sectores políticos y de la sociedad civil consideran que esta medida responde a intereses específicos que buscan debilitar la institucionalidad democrática y proteger a funcionarios cuestionados.
“El Congreso tiene la responsabilidad de actuar con transparencia y considerar el impacto a largo plazo de estas reformas. No se puede legislar pensando solo en intereses coyunturales”, opinó la politóloga Cecilia Tello en una reciente entrevista.
El impacto en la gobernabilidad del país
Si ambas reformas son aprobadas, las consecuencias podrían ser significativas para el sistema político y judicial del Perú. La reelección de autoridades podría fortalecer gestiones locales exitosas, pero también perpetuar estructuras de poder que fomenten el uso indebido de recursos públicos.
Por otro lado, la eliminación de la JNJ podría desencadenar una crisis de confianza en el sistema de justicia. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido en el pasado sobre la importancia de mantener organismos independientes que garanticen la imparcialidad en la designación y evaluación de jueces y fiscales.
Un futuro incierto
El debate de este miércoles será un hito en la agenda legislativa del año. Tanto la propuesta de reelección como la eliminación de la JNJ reflejan la complejidad de los intereses en juego y el impacto que las decisiones del Congreso pueden tener en el futuro político del país.
La atención está puesta en cómo las bancadas definirán su postura frente a estas reformas. Más allá de los resultados, el proceso ha evidenciado la necesidad de una discusión más amplia sobre la transparencia y la eficacia del sistema político peruano.
El Perú se encuentra en un momento crucial, donde las decisiones legislativas podrían fortalecer las instituciones democráticas o, por el contrario, abrir la puerta a nuevas formas de manipulación política y judicial. Las próximas horas serán decisivas para determinar el rumbo que tomará el país.
