Un reciente informe periodístico revelado por Ojo Público ha puesto bajo la lupa a 30 congresistas del actual Parlamento peruano, cuyos familiares cercanos han realizado contratos con el Estado por un total de S/1.073.211 entre julio de 2021 y octubre de 2024. Estas adjudicaciones, que involucran a parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, han generado preocupación debido a las restricciones legales que prohíben a estos familiares participar en procesos de contratación pública.
Según el informe de Josué Chávez Cardoza para La República, estas operaciones incluyen vínculos con municipalidades, ministerios, gobiernos regionales, universidades, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Las agrupaciones políticas Fuerza Popular y el Bloque Magisterial encabezan la lista de legisladores con mayor número de familiares involucrados en estas transacciones, abriendo el debate sobre posibles conflictos de interés y el cumplimiento de la ley.
Contratos familiares bajo sospecha
De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225), los familiares directos de funcionarios públicos tienen prohibido participar en procesos de contratación pública debido al riesgo de corrupción y favoritismo. Sin embargo, entre julio de 2021 y octubre de 2024, al menos 152 contratos estatales fueron adjudicados a parientes de congresistas.
Entre las bancadas mencionadas, Fuerza Popular registra a ocho familiares de seis congresistas con contratos que suman S/185.574, mientras que el Bloque Magisterial presenta a seis parientes de cuatro legisladores, con adjudicaciones por S/187.800. Estas cifras, aunque menores en comparación con el total, reflejan patrones recurrentes en distintas agrupaciones políticas.
“La transparencia y el cumplimiento de la ley no son opcionales, especialmente cuando se trata de recursos públicos. Es fundamental investigar a fondo estos casos para garantizar que no exista favoritismo o abuso de poder”, señaló la politóloga Patricia Zegarra en una entrevista.
¿Quiénes son los involucrados?
El informe detalla que las adjudicaciones fueron realizadas por familiares con Registro Único de Contribuyente (RUC), incluyendo padres, hijos, hermanos, cónyuges y abuelos de los legisladores. Además de Fuerza Popular y el Bloque Magisterial, otras bancadas con congresistas involucrados son: Podemos Perú (4 familiares), Renovación Popular (3), Bancada Socialista (3), Perú Libre (2), Somos Perú (2) y Juntos por el Perú (2). Incluso se registra un legislador no agrupado con un pariente beneficiado.
Aunque no todos los contratos necesariamente implican irregularidades, la falta de mecanismos de control efectivos dentro del Congreso genera suspicacias. “Las adjudicaciones podrían haberse dado bajo términos legales, pero el hecho de que exista un vínculo familiar ya representa un conflicto ético que debilita la confianza pública”, explicó el abogado en transparencia, Raúl Rodríguez.
Impacto en la percepción del Congreso
La revelación de estos contratos ocurre en un contexto de constante cuestionamiento hacia el Congreso peruano, una institución que enfrenta una crisis de credibilidad. Encuestas recientes muestran que el Parlamento es percibido como una de las entidades con mayor desconfianza por parte de la ciudadanía, y casos como este no hacen más que agravar dicha percepción.
“La repetición de este tipo de prácticas crea un círculo vicioso de desconfianza ciudadana, lo cual es perjudicial para la democracia. Si el Congreso no implementa medidas correctivas, su legitimidad seguirá erosionándose”, advirtió el sociólogo Fernando López.
Para varios analistas, este caso subraya la necesidad de fortalecer la fiscalización de las contrataciones públicas, especialmente en instituciones descentralizadas como municipalidades y gobiernos regionales, donde se concentra gran parte de las adjudicaciones.
¿Qué medidas se pueden tomar?
Ante la magnitud de las cifras y la cantidad de legisladores involucrados, expertos señalan que el caso amerita no solo una investigación exhaustiva, sino también reformas legislativas que refuercen los controles existentes. Una propuesta recurrente es la creación de un registro público que identifique a familiares de autoridades con prohibición de contratar con el Estado, algo que, según algunos especialistas, podría disuadir prácticas irregulares.
Por otro lado, se ha pedido a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que inicien las indagaciones necesarias para determinar si estos contratos cumplieron con la normativa vigente. “Es crucial que estas instituciones actúen con celeridad para garantizar que no se normalicen este tipo de conductas dentro de la gestión pública”, afirmó la abogada anticorrupción Carmen Ruiz.
Un llamado a la acción
El caso de los contratos estatales con familiares de congresistas no solo pone en evidencia posibles irregularidades, sino también el desafío estructural de combatir la corrupción en el sistema político peruano.
Para muchos, el reto no solo radica en investigar y sancionar a los responsables, sino también en fomentar una cultura de integridad dentro del Congreso y otras instituciones públicas. Como concluye el informe de Josué Chávez Cardoza, estas prácticas no solo afectan el manejo de recursos públicos, sino también la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
El próximo paso está en manos de las instituciones de control y del propio Congreso, que debe demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La respuesta que den a este caso será decisiva para definir el futuro de la relación entre el Estado y los ciudadanos que representa.
