Jorge Farid Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
La última estratagema urdida por el presidente Castillo (o, mejor, por su séquito de asesores; que, a él, como se sabe, la inteligencia no le da para esos menesteres) para cerrar el Congreso de la República no debería pasar de una mera anécdota. Una más de las innumerables imbecilidades jurídicas que, desde que comenzó su nefasta gestión, y empezó a poner en marcha su plan partidista de cambiar la Constitución, ha venido impulsando tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, apoyado en este último caso fundamentalmente por la bancada de Perú Libre, partido político que en mala hora lo llevó al gobierno, y que hoy lo presiona de todos los modos posibles para que cumpla su promesa de campaña de hacer realidad la instalación de la Asamblea Constituyente y, con ello, la elaboración de una nueva Carta Magna. No obstante, la situación no es tan sencilla como aparenta.
Y es que aun cuando este nuevo intento de disolver el Legislativo no pase de ser una bravuconada más del impresentable por antonomasia, para demostrarle al país entero, y a los congresistas antes que a nadie, quién es el que en verdad manda en el Perú, tampoco es para tomárnoslo tan a la ligera. Como algo sin la menor importancia. Algo que, más allá de provocarnos una que otra desavenida sonrisa, no pasa de ser en el fondo otra de sus no pocas meteduras de pata. La razón fundamental para afirmar lo antedicho pasa por el hecho de saber, cómo hoy sabemos, que, a diferencia de lo que sucedía semanas, o incluso meses atrás, respecto de los motivos que movían a Castillo para querer cerrar el Congreso (pretender imponer una nueva Constitución, como ya todos sabemos), ahora las circunstancias son completamente distintas.
Baste pensar en cuánto han avanzado las investigaciones respecto del rosario de acusaciones fiscales en su contra, y en la de sus más altos funcionarios, exfuncionarios y familiares (algunos de los cuales se encuentran incluso prófugos), por aparentemente integrar una organización criminal que estaría enquistada en las más altas esferas de poder del Ejecutivo, esto es, en los principales y más “rentables” ministerios, y desde donde vendrían levantándose en peso los dineros del Estado desde el primer día en que llegaron al gobierno, para caer irremediablemente en la cuenta de que si hoy les urge tanto a Castillo y compañía el llegar a disolver el Congreso, no es, desde luego, porque sigan pensando, como hasta no hace mucho, en su manida Asamblea Constituyente, en su susodicha nueva Constitución, sino porque ahora tienen una razón mucho más poderosa para hacerlo: evitar a toda costa la vacancia presidencial por las razones que fueren, por un Congreso que cada vez parece más convencido de que ese es el único camino que le queda, sobre todo si no desea terminar involucrado en el mantenimiento en el poder de un presidente a todas luces deslegitimado por obra de su propio accionar.
No en vano ya ha quedado claro que su intención de pretender que la OEA interfiera para librarlo de responder ante el Congreso y la Fiscalía por las serias acusaciones de corrupción que recaen sobre él y sobre su círculo más cercano, ha fracasado estrepitosamente. Pues ni siquiera para estos personajes de la Organización de Estados Americanos, acostumbrados como parecen estar a hacer pasar gato por liebre bajo el siempre favorable auspicio de la diplomacia, a lavarle la cara hasta al más incómodo de nuestros políticos tercermundistas, parece resultarles conveniente el verse relacionados con el mantenimiento en el poder de un sujeto como Castillo, cada día más embarrado en acciones reñidas con la legalidad que todo hace indicar que él mismo habría generado.
Por lo que sus opciones de encontrar una salida favorable a sus no pocos problemas con la justicia se vean cada vez más reducidos a una única y ya impostergable posibilidad: mandar a su casa a los congresistas. Y, con ello, instalar su tan deseada y añorada Asamblea Constituyente, elaborar la Constitución con la que han soñado toda su vida, vale decir, una hecha a su retorcido gusto y antojo, y, finalmente, perpetuarse en el poder. Que no es otra la intención que se oculta detrás de este grosero intento de cerrar el Congreso, dizque argumentando que se les habría negado la confianza al desestimarse el pedido realizado por el ahora ex primer ministro Aníbal Torres, respecto de que se apruebe un proyecto del Ejecutivo que busca derogar una norma que limita los derechos de participación y control de la ciudadanía a través de la figura del referendo, el mismo que fue presentado el pasado 17 de noviembre ante el pleno del Congreso.
Panorama este que se torna aún más sombrío, si tenemos en consideración la malísima imagen que ha poseído desde siempre el Congreso ante la opinión pública. Por lo que no deberíamos sorprendernos en absoluto si, llegado el momento, Castillo acaba finalmente cerrando el Congreso, y “legitimando” su inconstitucional cierre mediante un demás está decir que peligroso “respaldo” de la ciudadanía. La cual, como todo el mundo sabe, difícilmente verá con malos ojos la disolución de un poder del Estado con el que jamás habría tenido lo que se dice una buena relación.
