EL PAÍS Y LA DEMOCRACIA EN PELIGRO

Escrito por: Nelson Nuñez Vergara

 Llamadas amenazantes, insultos en las calles, listas negras, humillaciones en lugares de descanso, acoso en redes sociales, intimidación a los trabajadores para que vayan a las marchas de apoyo a Keiko Fujimori. Se incentiva un clima de incertidumbre y de violencia que no se había visto antes particularmente en la capital del país, que va más allá de la huachafería de algunos limeños utilizando símbolos neonazis. Lo que hoy enfrentamos es mucho más grave, y ya le costó al país el asesinato de decenas de miles de personas inocentes, especialmente campesinos de zonas andinas hace pocos años. Y todo como parte de una estrategia golpista en curso.

 Durante la guerra interna que sufrimos en Perú enfrentando al terrorismo, fueron asesinados casi 70 mil peruanos. La mayoría víctimas de Sendero Luminoso y el MRTA, que usaron el terrorismo para someter y controlar a la población. Pero en medio de esta terrible tragedia, según los datos de la CVR, aproximadamente 25 mil de las víctimas fueron asesinadas por efectivos de las FFAA y Policiales.

 Se torturó y asesinó a hombres, mujeres, ancianos y niños, sobre todo en las comunidades campesinas  de poblaciones andinas del sur y centro del país. ¿Cómo pudo darse ese grado de brutalidad y terrorismo de Estado contra la población indefensa? ¿Por qué actuaron así quienes siendo agentes del orden tenían más bien la misión de protegerlos de la brutalidad y el terrorismo senderista?

 Los crímenes sobre todo de Sendero Luminoso, responden a su ideología marxista leninista más extrema, más fundamentalista. El terrorismo no tuvo límites y atacó poblaciones indefensas, aniquilando comunidades y familias enteras.  

 ¿Pero cómo explicar los asesinatos y las brutales conductas de parte de los miembros de las FFAA y Policiales? 

 Una primera pista justamente está en que la responsabilidad política central y las órdenes operativas de asesinar a personas inocentes y masacrar a poblaciones enteras, vino de parte de políticos y oficiales de las FFAA que tenían un alto nivel educativo, muchos de ellos justamente de las élites de los sectores medios y altos de la sociedad peruana. No fueron acciones aisladas sino una política sistemática de detener la subversión a cualquier precio. Aunque eso implicara violar los derechos humanos y arrasar a la población pobre e indígena.  Los que cometieron estos crímenes, los justificaban o guardaban silencio cómplice, eran las mismas personas que podían ser amorosos padres, buenos amigos con los que uno podía haber estudiado, compartido espacios sociales, de trabajo, sobre todo en los sectores y élites medias y altas que tienen el poder de decisión en Perú. 

 Quedaron atrapados del mismo racismo, de la misma cultura discriminatoria con que se construyó el país. Fueron sometidos a los mismos discursos de odio, las mismas mentiras repetidas una y otra vez, el mismo miedo y terror que hoy promueve nuevamente la extrema derecha. 

Indios vagos que vienen a destruir su mundo, enemigos de la patria que finalmente… merecen morir. El mismo y reiterado desprecio hacia los peruanos de origen andino, hacia los pobres que “no eran ni son iguales a uno”.  Indios a los que había que esterilizar masivamente como si no fueran seres humanos en los 90s. 

 Y aquí se produce una disonancia cognitiva, una negación de los hechos que cuestionan estas “verdades” que constituyen para ellos esa realidad alternativa que los aterra. Una realidad donde Sendero con un “indio ignorante” está por tomar la Presidencia de la República, que les confisca sus ahorros, sus casas para terminar como Venezuela. Donde todo no es más que una conspiración internacional donde la OEA es comunista al igual que los observadores internacionales, los jefes del JNE y la ONPE. No importa lo ilógico y absurdo de esta argumentación, porque se produce un imaginario colectivo donde niegan o ignoran la realidad que colisiona con sus “verdades y seguridades”.  

 Para ellos, la miseria que existe es culpa de los pobres, la injusticia cotidiana es inevitable, la muerte de más de 180 mil peruanos, la mayor parte por su situación de pobreza frente a la COVID, no los interpela, no los cuestiona. Si un “indio ignorante y comunista” ganó, sólo es posible por el “apoyo del resto de indios resentidos” a los que hay que anular sus votos y por eso la maniobra de la derecha para eliminar más de 200 mil votos de las zonas campesinas. No existe ninguna evidencia de un fraude electoral, así que  hay que inventarlas, y repetir la mentira mil veces, como decía Joseph Goebbels- el ministro nazi de la propaganda. Medias verdades o incluso abiertas mentiras para “soldar”  el discurso de odio y la justificación a la violencia y promoviendo un Golpe de Estado por la “defensa de Dios, la Familia, y la Patria”.  

 ¿Y qué pasa con los peruanos que cuestionan esta narrativa de odio y terror?

Durante la Segunda Vuelta Electoral, muchos trabajadores en la ciudad o en las empresas agroindustriales fueron víctimas del chantaje de perder sus empleos si no votaban por Keiko Fujimori, y hoy son obligados en Lima a ir a las marchas que estos extremistas están organizando. En los sectores sociales medios, los que cuestionan esta desinformación y el golpismo, son acusados de ser cómplices de terroristas, se les acosa y atacan, no sólo en las redes sociales sino también en sus barrios y casas.  Y a pesar de esto, más de la mitad del país votó por Pedro Castillo, un profesor rural de una de las zonas más pobres del país y le dio el triunfo en las elecciones. 

 ¿Y qué debemos hacer?

 Primero tener claro que enfrentamos mucho más que la rabieta de una persona que puede irse 30 años a la cárcel por sus delitos de crimen organizado como ha pedido la Fiscalía. Es más que las tradicionales maniobras del fujimorismo o el racismo y huachafería de algunos limeños. Encaramos una estrategia golpista cuya primera meta declarada es impedir que el Profesor Pedro Castillo asuma la Presidencia de la República el 28 de Julio. Y si no lo logran, porque no encuentran el apoyo en las FFAA, deslegitimar todo lo posible al nuevo gobierno para dar un golpe de Estado aprobando una vacancia presidencial lo más pronto posible en el próximo Congreso de la República, donde la derecha es mayoría. 

 De allí la importancia de  que todos los sectores democráticos, de izquierda, centro y derecha, conservadores y liberales, de todas las regiones, de todos los estratos sociales, defendamos los resultados electorales y la democracia. Exigir al gobierno actual de Francisco Sagasti que actúe y proteja a los ciudadanos de esta violencia. Que ordene a la Seguridad del Estado que investigue, y detenga a todo grupo de extrema derecha (o de extrema izquierda) que planee o promueva la ruptura del orden constitucional. Que el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL intervenga para detener el chantaje a los trabajadores y se sancione a los empresarios que los están amenazando y que sancione con firmeza a quienes promueven la violencia, incluyendo a los medios de comunicación que llaman abiertamente al golpismo. 

 Y todo esto con una movilización nacional, porque la experiencia ha mostrado que sólo las peruanas y peruanos en las calles podremos detener el golpe de Estado, lograr que se respete la democracia y que el Profesor Pedro Castillo asuma la Presidencia. 

 A casi 200 años de la fundación de la República, seguimos siendo un país dividido por la injusticia y preguntándonos qué nos une como peruanos. Es tiempo de que sumemos todas la fuerzas posibles para construir, para vivir en un Perú democrático, justo y solidario. Y que esa sea la realidad común  y compartida por todos nosotros de distintas condiciones socioeconómicas, colores, edades e idiomas.