En un Perú azotado por una criminalidad en constante ascenso, y pese a la implementación del estado de emergencia en Lima y Callao, el Congreso de la República se prepara para debatir una serie de dictámenes y proyectos de ley enfocados en la seguridad ciudadana. Este anuncio, realizado por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, durante la reciente sesión de la Junta de Portavoces, coincide con un paro de transportistas que ha paralizado gran parte del sector, complicando aún más la ya tensa situación.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Pleno del Congreso ha ampliado su agenda y exonerado del plazo de publicación a algunas propuestas legislativas con el objetivo de acelerar su análisis y eventual aprobación. La urgencia de estas medidas se justifica por el incremento de la extorsión y los asesinatos, flagelos que motivaron la jornada de paro y protestas de los transportistas el pasado 7 de abril.
El experto en seguridad y crimen organizado, Frank Casas, ha expresado su preocupación ante la orientación de las medidas propuestas. Si bien valora las iniciativas que buscan facilitar la detención por parte de la policía y el serenazgo, así como el endurecimiento de las penas, critica la falta de un enfoque preventivo. Casas argumenta que las normas, en su mayoría, reaccionan ante el delito ya cometido, sin abordar las causas que lo originan ni implementar estrategias para evitar que la extorsión o el sicariato ocurran.
En particular, Casas ha llamado la atención sobre dos propuestas relacionadas con el control de teléfonos celulares y chips utilizados para fines ilegales. Si bien reconoce la importancia de regular este mercado, enfatiza que el problema de fondo reside en la oferta legal de estos dispositivos por parte de las operadoras telefónicas. Sugiere que se requieren normativas más estrictas que permitan aplicar sanciones administrativas y penales a las empresas que facilitan el acceso a estos chips a personas con fines delictivos. Además, se cuestiona la propuesta de armar a los serenos con armas de electrochoque, debido a la falta de entrenamiento adecuado y la gestión deficiente en muchos municipios.
Por su parte, Noam López, experto en Ciencia Política y Gobierno de la PUCP, considera positiva la creación del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, destinado a acelerar los procesos judiciales en casos de delitos flagrantes. Sin embargo, advierte que su eficacia dependerá de la asignación de recursos adecuados y de una articulación eficiente entre los operadores de justicia. López también valora la modificación del Código Penal para tipificar el delito de amenaza, pero critica la propuesta de expulsión rápida de extranjeros delincuentes, considerándola una medida populista con riesgo de discriminación.
La Defensoría del Pueblo ha propuesto al Gobierno restringir la circulación de motocicletas en ciudades en estado de emergencia, permitiendo solo un ocupante y prohibiendo su uso entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Esta medida, según la entidad, busca dificultar el accionar de las bandas criminales que utilizan este tipo de vehículos para cometer delitos. Sin embargo, el abogado Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, advierte que esta restricción podría ser declarada inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales.
