Después de más de cuatro décadas de abandono, la provincia de Pachitea celebra un hito largamente esperado: la firma del contrato para el asfaltado de la carretera Puente Rancho–Panao. Esta obra, que abarca 42 kilómetros y representa una inversión de S/579 millones, no solo es una mejora en infraestructura, sino también un símbolo de justicia para una región históricamente postergada.
La importancia de esta vía trasciende lo logístico. Conecta las localidades de Umari, Molino y Panao, facilitando el transporte de productos agrícolas hacia mercados regionales y nacionales. Su rehabilitación es, por tanto, un impulso directo al desarrollo económico y social de la zona.
Sin embargo, este logro no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanos que, durante años, alzaron su voz para exigir atención. La presión social y la persistencia en la gestión han sido determinantes para que, finalmente, se concrete este proyecto.
No obstante, la celebración debe ir acompañada de una vigilancia activa. La empresa encargada de la obra, el Consorcio Vial Huánuco, incluye a Tableros y Puentes S.A., una firma que ha estado bajo escrutinio en el pasado por presuntas irregularidades en otros proyectos. Es imperativo que las autoridades y la sociedad civil establezcan mecanismos de fiscalización y transparencia para garantizar que la ejecución de la obra se realice conforme a los más altos estándares de calidad y ética.
El asfaltado de la carretera Puente Rancho–Panao es, sin duda, una victoria para Pachitea. Pero para que esta victoria sea completa, debe ir acompañada de un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas. Solo así se asegurará que esta obra no solo conecte caminos, sino que también fortalezca la confianza en las instituciones y en la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones que afectan su bienestar.
