Rol de la Policía Montada PNP en la seguridad pública
La polémica sobre el uso de caballería policial en el control del orden público ha resurgido con fuerza tras la reciente caída de una agente de la Unidad de la Policía Montada. El incidente, provocado por el estallido de pirotécnicos durante la llegada del bus de la selección peruana al estadio Nacional para el partido contra Ecuador, reaviva el debate sobre la idoneidad de utilizar equinos en eventos masivos y protestas, considerando su sensibilidad y el potencial riesgo tanto para los animales como para los ciudadanos.
Según la investigación publicada por El Comercio, este incidente ha puesto en relieve un conflicto legal y ético que se arrastra desde hace años, con decisiones judiciales contradictorias y proyectos de ley que buscan prohibir el uso de animales en el control de multitudes.
En diciembre de 2019, la Primera Sala Constitucional Civil de Lima dictaminó la prohibición del uso de caballos por parte de la Policía Nacional en el control de protestas y movilizaciones. La decisión se fundamentó en un estudio de la Federación Ecuestre Internacional, el cual señalaba la vulnerabilidad de los equinos ante elementos como las bombas lacrimógenas, comunes en situaciones de alteración del orden público. Se argumentó, además, la alta sensibilidad auditiva de los caballos, que les genera nerviosismo y angustia en contextos de ruidos fuertes y repentinos. En este fallo, se sugirió que la Policía Montada se concentrara en tareas como rescates en zonas de difícil acceso, labores en localidades rurales y prevención del delito, áreas donde su despliegue sería más efectivo y menos riesgoso.
Sin embargo, en noviembre de 2023, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema anuló este fallo, ordenando a la Primera Sala Constitucional emitir una nueva decisión. La Corte Suprema argumentó que la resolución inicial era “incongruente”, al eliminar la palabra “montada” de la disposición cuestionada, pero no prohibir explícitamente el uso de caballos en el control de multitudes. Además, cuestionó la falta de “evidencia científica” que demostrara la mayor sensibilidad auditiva de los caballos en comparación con los humanos. Esta controversia legal ha generado incertidumbre y ha mantenido el tema en el debate público.
La muerte de un caballo en enero de 2024, tras ser atropellado por un bus durante la “Noche Blanquiazul”, evento deportivo rodeado de fuegos artificiales, intensificó aún más la controversia. El animal, junto a otros, escapó debido al estallido de la pirotecnia en las cercanías del estadio, lo que provocó su trágica muerte y desató una ola de indignación entre defensores de los animales.
Como respuesta a estos incidentes, la congresista Sigrid Bazán presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de animales por parte de la Policía y el Serenazgo en el control de multitudes durante manifestaciones, eventos deportivos y de entretenimiento. A su vez, el Bloque Parlamentario por la Defensa y Protección Animal ha expresado su rechazo al uso de caballos en despliegues policiales y ha condenado toda acción que afecte el bienestar animal. La Defensoría del Pueblo también se ha sumado al llamado, recordando que, en 2022, ya había solicitado que se evitara la utilización de caballos en movilizaciones y protestas, de acuerdo con lo establecido por el Poder Judicial en 2019.
Sonia Córdova, presidenta del Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (Ipalema), ha recordado que, desde 2017, interpuso una demanda ante el Poder Judicial para prohibir el uso de caballos en el control de disturbios y eventos masivos. Se espera que la Primera Sala Constitucional de Lima emita un nuevo fallo tras la anulación de su primera resolución por parte de la Corte Suprema. Córdova ha reiterado que su demanda no busca la desaparición de la Unidad de la Policía Montada, sino que su uso se limite a rescates, desfiles y transporte en zonas rurales, enfatizando que los caballos no están preparados para controlar multitudes o eventos con pirotecnia debido a su naturaleza nerviosa. La abogada considera fundamental capacitar a los jueces en temas de “bienestar animal” e implementar juzgados especializados en derecho animal para asegurar fallos congruentes y uniformes.
