La diputada Karina Beteta amenaza con pedir la rescisión del contrato de conservación, pero no fija plazo. Mientras tanto, llegan las lluvias y dos tramos de la vía Huánuco-La Unión siguen paralizados por los predios.
Los baches entre San Rafael y Pumahuasi no son mala suerte. Son un contrato que no se cumple. Hay una empresa que cobra por conservar la vía y un supervisor que cobra por vigilarla, mientras quien viaja de Huánuco a Tingo María paga la diferencia con llantas reventadas y horas perdidas.
La diputada oficialista Karina Beteta Rubín recorrió la carretera Central con el director ejecutivo de Provías Nacional y anunció el sábado 7 de noviembre que pedirá rescindir el contrato del Consorcio Puma si no corrige. En el fondo, tiene razón. «La conservación significa que no debe haber ningún bache», dijo.
Según recordó un periodista en la conferencia, el consorcio atribuye el deterioro a la falta de presupuesto y a una ampliación que le negaron. Aun si fuera cierto, eso no lo libera. Quien presenta una oferta en una licitación se compromete con ese precio. Si sacó mal las cuentas, el error es suyo, no del transportista que se juega la vida en Chinchao.
Diario Ahora tampoco acepta que toda la responsabilidad recaiga en la empresa. Provías paga cada mes a un supervisor. Víctor Zevallos, dirigente de Tingo María, recuerda tramos de 100 metros asfaltados en caliente que a los dos meses ya no existían. Alguien dio por buena esa obra. Cambiar al supervisor, como pidió Beteta, es solo el comienzo: la población merece saber cuánto se le pagó y qué aprobó.
Donde no acompañamos a la diputada es en la falta de plazo. «No tiene que haber ningún plazo. Ellos tienen que cumplir», dijo. Sin una fecha, la amenaza de rescisión se queda en el micrófono. La temporada de lluvias está encima y Zevallos cuenta unos 65 puntos críticos solo en Chinchao. «Si no tomamos medidas preventivas, quedamos incomunicados», dijo. Fiscalizar a quienes convocaron la licitación es válido, pero no tapa ni un hueco.
La oficina de Provías en Huánuco, según dijo un periodista en la conferencia, no informa sobre ninguna carretera. Una entidad que calla sobre la vía que une a la región con Lima trabaja de espaldas a quienes la financian. Debería publicar cada mes los sectores críticos, las penalidades aplicadas y los pagos hechos.
En la vía Huánuco-La Unión el problema es otro. Según Beteta, el dinero está garantizado, pero dos de los tres tramos están paralizados porque no se liberan los predios. Ella dijo que algunos propietarios ya cobraron y siguen sin desocupar. Quien recibió el pago tiene que cumplir. Antes de pensar en desalojos, los alcaldes en funciones y los electos deben sentarse con cada familia, con los montos sobre la mesa.
Si el presupuesto se va a otra región por falta de terrenos, Huánuco no tendrá a quién reclamarle. Según el director de Provías, citado por Beteta, la obra se entregaría a más tardar en junio de 2028 si se liberan los predios.
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