Con la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía peruana y la empresa brasileña Odebrecht, se podrá acceder a información esencial para las investigaciones, específicamente en cuatro casos donde la empresa admitió haber hecho entrega de sobornos. Estas son: el proyecto de la Costa Verde-tramo Callao, la obra de mejoramiento de la Vía de Evitamiento del Cusco, el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur (tramos 2 y 3) y el proyecto de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2).
Esta información permitirá identificar a los responsables directos e indirectos de estos hechos de corrupción y darles sanción ejemplar. Los peruanos ya estamos cansados de que funcionarios corruptos, ocupando máximos cargos de representación nacional, traicionen los intereses nacionales y a todos los peruanos para regalar nuestros recursos y el dinero, obviamente a cambio de millonarias coimas. Como gran muestra de ello, es imposible dejar mencionar al político considerado como el mayor y más grande mafioso de la historia del país: Alan García. Este personaje se salvó en el año 90 de ser procesado y enviado a prisión al escapar a París con la ayudita del estado colombiano. Diez años después, logró la prescripción de las denuncias. Afortunadamente, ahora ya no hay prescripción para hechos de corrupción.
Muchas críticas ha recibido este acuerdo, especialmente debido al monto de reparación civil acordado entre el equipo especial Lava Jato y la empresa brasilera, que es de S/ 610 millones más los intereses legales que se generen. Si bien es cierto que el perjuicio económico originado al Estado por estos actos de corrupción equivale a miles de millones de soles, ese monto de reparación civil podría ser considerado como insignificante, sin embargo, por primera vez en la historia del país, los grandes corruptos que traicionaron nuestros intereses, por fin podrán ser castigados. Esto significaría no más impunidad. Imagínese usted estimado lector, que los últimos cuatro expresidentes sean enviados a prisión por haberse confirmado que sí realizaron actos de corrupción durante sus respectivos gobiernos, tendría consecuencias sumamente positivas para el desarrollo del país y la lucha anticorrupción.
