La minería informal en Pataz, región La Libertad, ha catapultado a la familia Sánchez Iparraguirre, encabezada por Teonila Maura y Víctor Orlando, a un prominente poder económico. Esta bonanza, nacida en los socavones de la zona, se manifiesta en la ostentación de bienes y una diversificada cartera de negocios que abarca desde la extracción hasta la comercialización del oro. La situación de Pataz, caracterizada por una compleja dinámica social y económica, se ve agravada por la presencia de bandas criminales que luchan por el control de la minería ilegal.
Según la investigación publicada por El Comercio, el clan Sánchez ha extendido su influencia a distintos sectores, invirtiendo en propiedades inmobiliarias, establecimientos de hostelería, locales de ocio nocturno, centros comerciales, almacenes de explosivos (polvorines) y empresas dedicadas al transporte de minerales, abarcando así casi la totalidad de la cadena productiva relacionada con el oro. Esta diversificación les permite un control estratégico y una mayor capitalización de las ganancias generadas por la actividad minera.
En el epicentro de esta actividad, el hotel Orlando’s se alza como un símbolo del poderío económico de los Sánchez. Ubicado estratégicamente en uno de los cerros de Pataz, el hotel sirve como punto de encuentro para la firma de contratos de alquiler de polvorines, infraestructura crítica para la actividad minera. Sin embargo, la ocupación de sus habitaciones es baja, ya que los mineros suelen residir en los campamentos cercanos a las minas.
La expansión del hotel Orlando’s ha continuado con la construcción de un centro comercial y una estación de servicio (grifo) en su fachada, este último operando con una licencia de funcionamiento obtenida de manera irregular, según la investigación. Estas adiciones refuerzan la posición de los Sánchez como actores clave en la economía local y regional, generando controversia por las posibles irregularidades en sus operaciones.
Un cambio significativo en el estatus de Orlando Sánchez es su salida del Registro de Formalización Integral Minera (Reinfo). La revocación de su inscripción, previamente suspendida, lo sitúa ahora en la categoría de minero ilegal. Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental, explicó que esta situación implica la pérdida de derechos administrativos y la exposición a sanciones por parte de entidades como Sucamec, Ingemmet, Sunat, así como la fiscalización ambiental del gobierno regional y central.
El alcance del poder económico de los Sánchez trasciende las fronteras de La Libertad. Los registros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) revelan que Teonila Sánchez posee 42 propiedades en diversas ubicaciones, incluyendo Tarapoto, Moyobamba, Huaral, Lima y Trujillo. Por su parte, Orlando Sánchez cuenta con 12 propiedades en Trujillo. Esta extensa red de bienes raíces es un reflejo de la solidez financiera del clan.
La influencia de los Sánchez también se extiende al ámbito político. Entre marzo y octubre de 2023, César Sandoval Pozo, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, recibió en cinco ocasiones a Kilder García Calderón, abogado de los hermanos Sánchez, mientras ejercía como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas. Aunque Sandoval niega conocer a los Sánchez, admite haber recibido a García por disposición ministerial. Adicionalmente, el 26 de febrero de 2024, Teonila Sánchez se reunió con el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y posteriormente, el 27 de mayo, con el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Manuel Ordóñez Reaño, lo que sugiere una búsqueda de interlocución con altas autoridades del gobierno.
Tanto Víctor como Teonila Sánchez enfrentan investigaciones por delitos relacionados con sus actividades mineras. Víctor Sánchez tiene tres investigaciones por delitos ambientales y una por actos de conversión y transferencia en Ventanilla. Teonila Sánchez tiene cuatro investigaciones en La Libertad: dos por delitos ambientales y dos por hurto. Estas investigaciones plantean serias interrogantes sobre la legalidad de sus operaciones y el impacto ambiental de la minería en la región.
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