La minería ilegal vuelve a ensombrecer la región de La Libertad, específicamente la provincia de Pataz, con el reciente secuestro de un grupo de mineros artesanales. Este incidente se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la zona, ya declarada en estado de emergencia debido a la proliferación de grupos armados vinculados a actividades mineras ilícitas. Según la investigación publicada por El Comercio, los delincuentes exigen un rescate de S/4 millones por la liberación de los trabajadores. La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército han intensificado sus operaciones en la provincia, en un esfuerzo por localizar a los secuestrados y desarticular las redes criminales que operan en la región. Las primeras informaciones señalan que los mineros secuestrados pertenecerían a la empresa R&R, siendo capturados durante una incursión violenta en sus instalaciones. Hombres armados, presuntamente ligados a la minería ilegal, habrían irrumpido en la zona, tomando control de la situación y llevándose a los trabajadores. La precariedad de la seguridad en estas áreas remotas facilita este tipo de actos delictivos. Panamericana Televisión reveló que los familiares y amigos de los raptados apuntan a un individuo conocido con el alias de “Cuchillo” como el principal responsable del secuestro. Se cree que los mineros estarían retenidos en una bocamina ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo, un área de difícil acceso y con una fuerte presencia de minería informal. En respuesta a la creciente problemática de la minería ilegal, el gobierno peruano ha implementado una serie de operativos e interdicciones. El jefe de la PCM, Gustavo Adrianzén, durante la sesión del Consejo de Ministros del 9 de abril, destacó los esfuerzos del Ejecutivo en el combate contra esta actividad ilícita, resaltando las pérdidas económicas infligidas a los delincuentes. En el 2024 y el primer trimestre del 2025, estas pérdidas superarían los 2700 millones de soles, según datos oficiales. Las cifras proporcionadas por el gobierno indican que el año pasado se llevaron a cabo 745 operativos, logrando destruir materiales valorizados en más de 2200 millones de soles. Entre enero y marzo de 2025, se realizaron 238 intervenciones de interdicción, con la destrucción de bienes valorizados en más de 546 millones de soles. Estas acciones involucran la participación de la PNP, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ejército del Perú y las fiscalías especializadas en materia ambiental. La situación en Pataz pone de manifiesto la necesidad de reforzar estas estrategias y mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones.
