La anemia, la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad —la llamada doble carga de la malnutrición— le costaron al Perú USD 10.585 millones en 2019, equivalente al 4,6% del producto bruto interno (PBI), según cifras del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA). El cálculo proviene de un estudio del Ministerio de Salud, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Del total, USD 4.023 millones se vincularon al sobrepeso y la obesidad, a través de gastos médicos, reducción de la productividad laboral y muertes prematuras. El dato no es un simple número sanitario: mide cuánto deja de producir el país y cuánto gastan el Estado y las familias en afecciones que, en buena parte, son prevenibles.
La directora del INSA, Youmi Paz Olivas, dijo a Infobae Perú que el impacto excede al sistema sanitario. Una población con enfermedades prevenibles enfrenta mayores dificultades para sostener su actividad laboral, mientras el Estado y las familias destinan más recursos a tratamientos que podrían evitarse con intervenciones tempranas.
Enfermedades crónicas al alza y menos consultas
La presión sobre el sistema de salud se refleja en el avance de las enfermedades crónicas. Datos de la Encuesta Nacional de Hogares, analizados por el Banco Central de Reserva del Perú, muestran que el 43,2% de los peruanos informó tener al menos una enfermedad crónica en 2023. La cifra representa un aumento de 11 puntos porcentuales frente a 2010.
A la vez, se amplió la proporción de personas con problemas de salud que no acudieron a un establecimiento público. Ese indicador pasó de 64,6% en 2013 a 69,7% en 2023, de acuerdo con los datos mencionados por la directora del INSA. Para el sistema de salud, ese dato implica que una parte de la demanda no llega a atenderse y que muchas condiciones se detectan tarde, cuando el tratamiento es más costoso.
“La nutrición no es un tema individual, sino un factor determinante del desarrollo económico del país”, afirmó Paz.
Exceso de peso y brechas de atención
La prevención aparece como una de las herramientas para reducir los costos asociados a la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. El Observatorio de Sobrepeso y Obesidad del Instituto Nacional de Salud señala que el 78,9% de los adultos de 30 a 59 años presenta exceso de peso.
El acceso a diagnóstico y tratamiento mantiene obstáculos. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2022, solo el 69,4% de las personas diagnosticadas con diabetes recibió o compró medicamentos en los últimos 12 meses. En hipertensión, menos de la mitad de los pacientes conocía su diagnóstico y solo el 5,3% alcanzaba un control adecuado, según un análisis de datos nacionales de 2018.
La disponibilidad de profesionales también es desigual. El sector público cuenta con 42 médicos especialistas por cada 100.000 habitantes, mientras la densidad de médicos bordea los 17 por cada 10.000 personas. En nutrición, la oferta varía desde 2,4 profesionales por cada 100.000 habitantes en Piura hasta 18,9 en Moquegua.
Intervención temprana y resultados preliminares
Paz Olivas indicó que las políticas deben comenzar durante la niñez. Citó una intervención desarrollada en Antioquía, en Huarochirí, donde 73 niños y adolescentes con anemia leve o moderada recibieron suplementación de hierro, alimentos fortificados y educación nutricional dirigida a sus cuidadores durante seis meses.
La hemoglobina de los participantes aumentó en promedio 1,85 gramos por decilitro y el 72,6% dejó atrás la anemia. En la proyección sobre los 315 menores evaluados, la prevalencia estimada pasó de 31,1% a 8,5%. La especialista precisó que estos resultados requieren validación con grupos de control y muestras más amplias.
El país avanza hacia una adopción focalizada de la inteligencia artificial en salud, con el reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial vigente desde enero de 2026 y el desarrollo de la historia clínica electrónica en el primer nivel de atención. Paz Olivas señaló que la tecnología puede complementar las consultas nutricionales, aunque requiere registros clínicos confiables, protocolos validados en población peruana, conectividad y supervisión humana. En el primer trimestre de 2026, el 62,7% de los hogares tenía internet, pero la cobertura rural llegó solo al 25%.
El costo identificado por el INSA corresponde a 2019 y todavía no se ha actualizado con datos posteriores. La validación de las intervenciones preventivas y el cierre de las brechas de especialistas y conectividad aparecen como los frentes pendientes para reducir una factura que, según el propio instituto, equivale a casi un vigésimo de la economía peruana.
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