Este martes 21 de enero, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó por mayoría una moción para solicitar facultades investigadoras a fin de indagar sobre un presunto abandono del cargo por parte de la presidenta Dina Boluarte, ocurrido durante una cirugía que ella misma se realizó a mediados de 2023. El pedido fue aprobado con 8 votos a favor y 4 en abstención, lo que ahora pone el proceso en manos del Pleno del Congreso, quien será el encargado de decidir si se otorgan o no dichas facultades. Según Narda Saavedra para La República.
El presidente de la Comisión, el congresista Juan Burgos, fue uno de los primeros en destacar la relevancia de obtener las facultades necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Durante la sesión extraordinaria, Burgos señaló que, de ser aprobado por el Pleno, el trabajo de la comisión se centraría en realizar una indagación más profunda sobre los hechos ocurridos en torno a la cirugía de la mandataria, así como las implicancias que este evento pudo haber tenido en el ejercicio de su mandato.
“Nosotros dentro de nuestra agenda estamos trabajando de dos a tres sesiones por semana. Acá no hay afán de ser parcializados. Se ha invitado a gobernadores regionales que no han venido y, por el mismo hecho de que no somos comisión investigadora, ellos muchas veces no vienen a rendir su declaración”, manifestó Burgos al inicio del debate. Con esto, subrayó que el principal interés de la Comisión no es llevar a cabo investigaciones penales, sino políticas, y que su papel no sustituye el de la Fiscalía ni los procedimientos legales establecidos.
Posición de los congresistas que votaron a favor
Los congresistas que respaldaron la moción argumentaron que la solicitud de facultades investigadoras es necesaria para esclarecer las circunstancias alrededor de la cirugía de la presidenta, sobre todo si se toma en cuenta el contexto en el que se desarrolló la operación y las posibles consecuencias de esta en su ejercicio del cargo. El congresista Reymundo Mercado, uno de los que apoyó la moción, expresó que el hecho de que la presidenta haya tenido que someterse a una cirugía en medio de su mandato es un asunto que ha tenido un impacto significativo tanto en el ámbito político nacional como internacional.
“Este hecho de las famosas cirugías que es un escándalo a nivel internacional probablemente tenga sanciones en varios aspectos. Las investigaciones del Ministerio Público no impiden que nosotros realicemos investigaciones de carácter político”, sostuvo Mercado durante la sesión. Con este comentario, Mercado hizo hincapié en que, aunque el Ministerio Público esté llevando a cabo sus propias investigaciones, ello no impide que el Congreso explore el caso desde una perspectiva política, tomando en cuenta las implicancias de la acción de la presidenta sobre la estabilidad de su gobierno.
Además, los miembros de la Comisión de Fiscalización señalaron que uno de los grandes desafíos de su trabajo es la falta de colaboración de otros actores políticos y funcionarios públicos. La incapacidad de convocar a ciertos testigos, debido a la limitación de sus facultades, ha sido uno de los factores que han dificultado el desarrollo de sus investigaciones en ocasiones anteriores. “Nosotros no citamos en grado fuerza, no levantamos el secreto bancario ni de comunicaciones, solo se invita a la Comisión de Fiscalización para que puedan compartir sus descargos sobre los casos por los que han sido invitados”, detalló Burgos, dejando claro que la naturaleza de la comisión es distinta a la de una investigación penal, y que se basa en la búsqueda de información y transparencia.
La postura de los congresistas que se abstuvieron
Mientras tanto, algunos congresistas optaron por abstenerse de votar a favor de la moción, expresando diversas preocupaciones sobre el proceso y las implicancias de otorgar facultades investigadoras. Entre los que se abstuvieron figuran los congresistas Herrera Medina, Marticorena Mendoza, Medina Hermosilla y Vergara Mendoza. Aunque no se pronunciaron de manera categórica en contra de la moción, prefirieron no apoyar la iniciativa en este momento, considerando que aún existen muchas dudas y que no se ha llegado a un consenso suficiente sobre los argumentos que se están esgrimiendo.
En este contexto, la legisladora Orué Medina, quien también votó a favor, expresó su preocupación sobre lo que consideró un intento de debilitar la función de la Comisión de Fiscalización. Para Orué, las investigaciones sobre la presidenta Boluarte son fundamentales para entender la crisis política que atraviesa el país y para asegurar que el gobierno sea transparente con los ciudadanos. “Tenemos miembros que debilitan a su propia comisión denunciando a nuestro presidente. Nosotros tenemos que tener resultados de toda esta investigación que estamos llevando”, señaló en alusión a la denuncia presentada por el congresista Héctor Valer contra Juan Burgos, presidente de la comisión.
La denuncia presentada por Valer se refiere a la supuesta usurpación de funciones de la Comisión de Fiscalización al realizar actos que corresponderían a una investigación penal sin contar con la autorización del Pleno del Congreso. Valer argumentó que Burgos y la comisión han ido más allá de sus atribuciones al iniciar investigaciones de carácter penal, como la relacionada con el presunto abandono de cargo de la presidenta Dina Boluarte tras su cirugía, y la que vincula al Congreso con una presunta red de prostitución. Sin embargo, Burgos y otros miembros de la comisión defienden su rol en el proceso y aseguran que están actuando dentro de los límites legales y constitucionales.
El caso de la cirugía de Dina Boluarte
La situación que ha desatado esta polémica investigación comenzó a mediados de 2023, cuando la presidenta Dina Boluarte fue sometida a una intervención quirúrgica, lo que generó controversia debido a las condiciones en las que se encontraba su gobierno en ese momento. La cirugía, realizada en medio de un contexto político tenso y con varios conflictos sociales en el país, ha sido interpretada por algunos sectores como un descuido de la mandataria en sus responsabilidades presidenciales.
“Este hecho de las famosas cirugías que es un escándalo a nivel internacional probablemente tenga sanciones en varios aspectos”, remarcó el congresista Mercado, quien resaltó que la polémica por la cirugía no solo afecta la imagen de la presidenta en el país, sino también ante la comunidad internacional. A ello se suman las críticas por el manejo de la situación por parte del gobierno, lo que alimenta la discusión sobre si Boluarte cumplió con sus deberes constitucionales durante su recuperación.
El futuro de la moción
El siguiente paso en este proceso será que la moción aprobada por la Comisión de Fiscalización sea remitida al Pleno del Congreso, donde los congresistas decidirán si otorgan o no las facultades investigadoras solicitadas. La decisión del Pleno será determinante en la continuación de este proceso, que podría llevar a una investigación más profunda sobre las acciones de la presidenta Dina Boluarte y su gestión durante el periodo posterior a su cirugía.
De ser aprobadas las facultades investigadoras, la Comisión de Fiscalización tendría la oportunidad de convocar a testigos y recopilar información de manera más formal, lo que podría esclarecer si existió realmente un abandono del cargo y si ello tiene implicaciones legales o constitucionales para la presidenta. En cualquier caso, el proceso promete seguir siendo un tema candente en la política peruana, con repercusiones importantes para el gobierno de Dina Boluarte y su relación con el Congreso.
