Un cargamento de 700 kilos de cocaína de alta pureza, valorizado en 21 millones de dólares, fue incautado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Dirandro) durante un operativo que permitió desarticular una organización liderada por un ciudadano colombiano señalado como presunto exintegrante del Cartel de Cali. La droga tenía como destino un mercado internacional vinculado al país donde se desarrollaba el Mundial de Fútbol.
El cabecilla de la operación era Arcesio Trujillo, conocido por la Policía Antidrogas como “El Viejo Palpatine”. Según la investigación policial, el extranjero había instalado una estructura criminal en territorio peruano con un centro de producción en Bagua y conexiones para sacar la droga por la costa norte del país.
¿Quién es Arcesio Trujillo?
Arcesio Trujillo es un ciudadano colombiano que, según la Dirandro, cuenta con antecedentes y un amplio historial delictivo en Colombia. El coronel PNP Jenner Lozada, jefe de la División de Investigaciones Especiales de la Dirandro, indicó que el extranjero ingresó al Perú entre los años 2023 y 2024.
De acuerdo con la información policial, Trujillo habría llegado al país tras conflictos con grupos criminales y organizaciones vinculadas al narcotráfico en Colombia. Los agentes de inteligencia lo relacionaron con el desaparecido Cartel de Cali, una de las organizaciones criminales más importantes de Colombia durante las décadas de 1980 y 1990. En Perú, la Policía comenzó a seguir sus movimientos bajo el apelativo de “Viejo Palpatine”.
La estructura criminal en el norte del país
La investigación de la Dirandro detectó que Arcesio Trujillo tenía un grupo de seguridad conformado por ciudadanos de nacionalidad china. Según la Policía, estos extranjeros llegaron al Perú para proteger al presunto cabecilla y conocer el funcionamiento de la organización dedicada al tráfico de drogas. Los agentes no descartan que estos sujetos puedan tener vínculos con organizaciones criminales internacionales interesadas en la producción y comercialización de cocaína peruana.
Además, la Policía identificó a integrantes peruanos que cumplían funciones específicas dentro de la estructura criminal. Entre ellos figuran Sarita Fernández Estela, señalada como encargada del almacenamiento de la droga; Rufasto Vargas Duberlí, vinculado al área logística; y Julio César Fernández Estela, conocido como “Chiqui”, considerado por los investigadores como uno de los hombres de mayor confianza de Trujillo. Según las autoridades, “Chiqui” realizaba coordinaciones operativas y habría tenido contacto con los puntos donde se producía y almacenaba la droga.
La ruta de la droga desde Bagua
La Policía estableció que la organización contaba con un presunto megalaboratorio de cocaína ubicado en el centro poblado en Bagua. Desde ese punto, la droga era trasladada por vía terrestre hacia la costa mediante vehículos con compartimentos ocultos conocidos como “caletas”. Las ciudades de Chiclayo y Piura fueron identificadas como lugares donde el grupo coordinaba sus operaciones.
Según la Dirandro, la droga tenía como destino el puerto de Paita, desde donde habría sido enviada al extranjero a través de contactos con otras organizaciones criminales internacionales. La carga estaba compuesta por paquetes tipo ladrillo que, tras las pruebas químicas preliminares realizadas por la Policía, dieron positivo para alcaloide de cocaína. Cada kilo podía alcanzar un valor aproximado de 30 mil dólares en mercados como Estados Unidos, elevando el valor total del cargamento a unos 21 millones de dólares.
La captura durante el operativo Tiburón
La captura de Arcesio Trujillo ocurrió durante el operativo Tiburón, una intervención ejecutada de manera simultánea en tres puntos: el centro de producción ubicado en Bagua, el puerto de Paita y un hotel de Chiclayo donde se encontraba el presunto cabecilla. El seguimiento policial permitió identificar los movimientos de la organización y reunir información sobre sus principales integrantes. Finalmente, los agentes ingresaron al lugar donde estaba Trujillo y ejecutaron una orden judicial de detención preliminar por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
Con esta intervención, la Policía logró incautar uno de los cargamentos más importantes detectados en los últimos operativos contra redes internacionales que utilizan el territorio peruano como punto de producción y traslado de cocaína hacia el extranjero.
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