Después de pasar ocho días detenido, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue liberado por decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, que anuló la detención preliminar dictada en su contra. Lozano es investigado por su presunta participación en el caso Los Galácticos del Fútbol, donde se le acusa de liderar una organización criminal destinada a beneficiar a 1190 Sports en la obtención de los derechos de transmisión de la Liga 1.
La decisión de la Sala Penal no solo permitió la liberación de Lozano, sino también de otros tres implicados: Genaro Miñán Armanza, Sabrina Martin Zamalloa y José Isla Montaño. Este fallo se basa en dos elementos clave: la reciente Ley 32138, que modifica la tipificación del delito de organización criminal, y el precedente sentado por la Corte Suprema en la casación que absolvió a parte de la red criminal liderada por Rodolfo Orellana.
La Ley 32138 y el precedente Orellana: Un giro legal en los casos de crimen organizado
La Ley 32138 establece que, para configurar el delito de organización criminal, los delitos cometidos por esta deben tener una pena mínima de cinco años. Este criterio fue respaldado por la Corte Suprema en el caso Orellana, que concluyó que esta disposición no contraviene la Convención de Palermo, la cual fija la pena mínima en cuatro años.
Los jueces de la Quinta Sala Penal de Apelaciones adoptaron este razonamiento para determinar que los delitos atribuidos a Lozano y los otros investigados —fraude en la administración de personas jurídicas, coacción y corrupción en el ámbito privado— no alcanzan la pena mínima requerida por la ley peruana para calificar como organización criminal.
Además, el colegiado destacó que el Estado peruano tiene la facultad de establecer criterios más estrictos para tipificar el delito de crimen organizado sin incumplir los compromisos internacionales asumidos bajo la Convención de Palermo.
Impacto de la decisión judicial en el caso de Agustín Lozano
La Sala Penal resolvió que Lozano y los otros implicados no debían permanecer detenidos preliminarmente, ya que los cargos de lavado de activos, aunque graves, se encuentran en el nivel de sospecha simple y no justifican una medida restrictiva tan severa.
Asimismo, el colegiado cuestionó al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho por su análisis general y repetitivo al evaluar el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. En el caso de Lozano, el juez había señalado que su residencia en un inmueble alquilado demostraba una falta de arraigo domiciliario, un argumento rechazado por la Sala de Apelaciones.
Con esta decisión, Lozano y los demás implicados enfrentarán en libertad el pedido del Ministerio Público de 36 meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones sobre el caso Los Galácticos del Fútbol.
El impacto en otros casos: Los Waykis en la Sombra y Nicanor Boluarte
El fallo a favor de Lozano también podría influir en otros procesos judiciales, como el caso Los Waykis en la Sombra, donde Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional ya había revocado en mayo de este año la detención preliminar dictada por el juez Concepción Carhuancho contra Boluarte y otros investigados en este caso. Sin embargo, recientemente, el mismo magistrado ordenó 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, inaplicando la Ley 32138 por considerarla contraria a la Constitución y a la Convención de Palermo.
La defensa de Boluarte ha presentado una apelación contra esta medida, que ahora será evaluada por la misma sala que liberó a Lozano. Este contexto genera expectativa sobre si el colegiado aplicará criterios similares y revocará también la prisión preventiva dictada contra el hermano de la presidenta.
¿Un precedente para futuros casos?
La liberación de Lozano pone en el centro del debate la aplicación de la Ley 32138 y el precedente judicial del caso Orellana, que podrían cambiar la forma en que se evalúan los casos de crimen organizado en el Perú. Mientras algunos celebran estos cambios como un paso hacia la justicia garantista, otros advierten que podrían dificultar el combate contra redes de corrupción y crimen organizado.
El caso Los Galácticos del Fútbol: Acusaciones y desafíos judiciales
El caso que involucra a Lozano está relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de transmisión de la Liga 1. Según las investigaciones, el presidente de la FPF habría favorecido a la empresa 1190 Sports mediante un esquema de fraude y corrupción en el ámbito privado.
Aunque la liberación de Lozano no implica que haya sido exonerado de los cargos, sí marca un hito en el desarrollo de este caso, ya que enfrentará las acusaciones en libertad.
Conclusión: Un sistema judicial en el centro del escrutinio
El caso de Agustín Lozano y su liberación gracias a la Ley 32138 y el precedente Orellana subraya las tensiones entre el poder judicial y el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado. A medida que avancen los procesos legales, se definirá si estas disposiciones legales fortalecen o debilitan la capacidad del sistema para combatir redes de corrupción.
Al mismo tiempo, la resolución de apelaciones en casos como Los Waykis en la Sombra determinará el alcance de estos criterios y su impacto en la política y la justicia peruanas. Informe elaborado a base del informe de Diego Casimiro para el Portal La República.
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