El exdirigente y acreedor de Alianza Lima Carlos Franco cuestionó el modelo de administración temporal que rige al club y reclamó que la actual gestión, encabezada por Fernando Farah y Antonio Armejo, deje un legado concreto antes de devolver la institución a sus socios. Según señaló, la promesa de retorno quedó fijada para el 15 de febrero de 2031, aniversario del club, cuando concluya el plan de reestructuración.
Franco habló desde su doble condición de dirigente con décadas de recorrido en la institución y de acreedor dentro del proceso concursal. Desde esa posición observó el último cambio de administración y sostuvo que la decisión fue inoportuna porque interrumpió un trabajo que ya había comenzado.
"En los últimos 10 años han habido más administradores de Alianza que presidentes de la República en el Perú", afirmó Franco al comparar la rotación de gestiones blanquiazules con la inestabilidad política del país. A su juicio, los administradores alcanzan su curva de aprendizaje y luego son reemplazados por las circunstancias del fútbol.
La reunión con los socios y el caso Sapio
Sobre el encuentro que convocó a 200 socios, Franco valoró el reencuentro social después de dos décadas, pero consideró que los administradores perdieron la oportunidad de dar un mensaje de liderazgo que ilusione a las masas. Señaló que los socios no buscan revisar el pasado ni distinguir buenos y malos, sino hablar de legado y de las próximas generaciones.
Consultado por el caso de Gabriel Sapio, quien se desempeñó como agente de futbolistas y asesor del club, Franco fue directo: "Para ser sincero, no conozco el detalle". Explicó que su rol como uno de los primeros acreedores lo sienta en la mesa del proceso, pero no lo convierte en conocedor de los pormenores de la administración.
Tres tareas para los cuatro años de transición
Franco planteó a Farah y Armejo una hoja de ruta con tres tareas centrales. La primera es promover una ley que permita a Alianza Lima acogerse en 2031 a un modelo de gobierno corporativo con participación de los socios y un gran inversionista nacional o extranjero, tomando como referencia la norma alemana conocida como ley 3x3.
- Promover un marco legal que habilite el gobierno corporativo con socios e inversionista.
- Concluir la deuda concursal.
- Hacer un due diligence para valorizar la marca Alianza Lima.
La tercera tarea apunta a determinar el valor de la marca, que según Franco no debería costar menos de 100 millones de dólares, y buscar corporaciones nacionales e internacionales interesadas en comprarla. Con ese esquema, estimó, el presupuesto del club podría subir de 120 a 250 millones de soles y permitir remodelaciones de estadio de entre 45 y 60 millones de dólares.
Deuda concursal, ingresos y déficit
El exdirigente cuestionó que la administración temporal lleve entre 12 y 14 años, lo que a su entender desnaturaliza el carácter provisional del proceso. Afirmó que desde 2012 no hubo una verdadera junta de acreedores y que el plan de reestructuración se prolongó pese a que los ingresos reales del club casi triplicaban lo previsto.
Respecto al déficit de 25 millones de soles revelado en la gestión, Franco sostuvo que los ingresos de 2025 fueron tan buenos como los de 2024 y 2023, con un crecimiento sostenido en los últimos cinco años de 60 a 90, 110, 120 y 140 millones de soles. El problema, indicó, es que solo se destinó alrededor del 3,8% de esos ingresos al pago de la deuda.
También se refirió al origen del pasivo: una deuda original de 11 o 13 millones de soles que se convirtió en 56 millones por lo que calificó como colusión de actores e instituciones.
El legado como eje del debate
Franco insistió en que cuatro años dentro de 125 de historia representan una porción pequeña, pero suficiente para entrar a la historia si la transición se cumple. "Los dirigentes, funcionarios y acreedores pasamos, pero Alianza queda", expresó.
El planteamiento del exdirigente coloca el foco en la devolución del club a los socios y en la necesidad de un nuevo modelo de gobierno, más que en la ampliación de infraestructura o en gestiones temporales. La discusión sobre el futuro institucional blanquiazul queda abierta de cara al proceso que debe concluir en 2031.










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