En un giro significativo de los acontecimientos administrativos y legales en Huayllay, el alcalde Adab Pajuelo junto con varios funcionarios municipales han sido denunciados penalmente por presuntos delitos contra la administración pública. La acusación proviene del Consorcio Santa Ana, representante legal de la obra que alega la negativa del municipio a realizar los pagos finales correspondientes a valorizaciones, reajustes y liquidaciones de obras ya ejecutadas y conformadas.
Según el consorcio, a pesar de contar con todas las resoluciones y conformidades necesarias, además de disponer del presupuesto asignado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el gobierno local ha mantenido una postura de no pago durante más de 17 meses. Esta situación ha puesto en riesgo la reversión de los fondos y podría excluir al distrito de Huayllay de futuros financiamientos para obras por parte de dicho ministerio, debido a la demostrada incapacidad de manejo de fondos.
El representante del consorcio expresa su frustración y preocupación, detallando que se han realizado múltiples intentos para resolver la situación a través de solicitudes formales de pago y cartas notariales, todas sin recibir respuesta. Esta falta de acción por parte del alcalde y los funcionarios implicados es vista como una gestión deficiente y negligente, que ahora se busca llevar ante la justicia.
El Consorcio Santa Ana está considerando ampliar sus acciones legales incluyendo una denuncia por omisión de funciones y abuso de autoridad, lo cual podría agravar la situación legal del alcalde y sus colaboradores. Este caso destaca la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de fondos públicos, especialmente cuando están en juego los recursos destinados al desarrollo y bienestar de la comunidad local.
