El abogado Humberto Abanto, representante legal de Jaime Yoshiyama, exministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, anunció que presentará una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga Urdai. Según Infobae, Abanto sostuvo que este proceso judicial ha generado un uso desproporcionado de recursos públicos durante casi ocho años y ha obligado a los acusados, como Keiko Fujimori y otros coimputados, a incurrir en elevados gastos legales.
“El problema es que ese costo de comenzar de cero, además del costo que tiene para el contribuyente; estamos hablando de un proceso que tiene 7 años -casi 8- de gasto público. Del otro lado tiene a particulares pagando abogados durante 8 años”, declaró Abanto en una entrevista con Canal N.
El anuncio de Abanto llega tras el reciente fallo del Poder Judicial que anuló el juicio oral contra Keiko Fujimori, Yoshiyama y otros acusados por el caso ‘Cócteles’, en el que se les acusa de lavado de activos. Este fallo forma parte de la estrategia de la defensa para cuestionar las acciones del fiscal y del juez responsables del caso.
Una queja contra el fiscal y el juez
Humberto Abanto explicó que la decisión de llevar una queja ante la JNJ se tomó luego de conversar con su representado, Jaime Yoshiyama. Según el abogado, la actuación del fiscal José Domingo Pérez y del juez Víctor Zúñiga Urdai no solo ha prolongado innecesariamente el proceso, sino que también ha afectado a los acusados con medidas como detenciones prolongadas y juicios inconclusos.
“Ha generado intervenciones del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de este juez para fulminar actos que vienen de la Fiscalía y han tenido lamentablemente el apoyo del juez de investigación preparatoria. Si es que estos actos que han enrarecido un proceso, establecen la presencia de un fiscal competente para ejercer el cargo, afirmó Abanto en su entrevista.
La queja no solo incluirá al fiscal José Domingo Pérez, sino también al juez Víctor Zúñiga Urdai, quien permitió que el caso avanzara a la etapa de juicio oral. Según Abanto, “lamentablemente con el dolor de mi corazón, tendríamos que presentar la queja contra el señor (José Domingo) Pérez y contra el doctor (Víctor) Zúñiga Urdai. No es el único. Hay un grave problema en el sistema de justicia y la reforma procesal penal ha fracasado”.
Un proceso que acumula irregularidades, según la defensa
Humberto Abanto también criticó varios episodios durante el proceso judicial, señalando que el fiscal José Domingo Pérez mostró actitudes poco profesionales, como abandonar una audiencia en pleno desarrollo. Asimismo, recordó que Keiko Fujimori estuvo en prisión preventiva en dos ocasiones durante el caso, mientras que su defendido, Jaime Yoshiyama, pasó 15 meses en el penal Castro Castro.
“Todo se ha hecho mal y cuando se hace mal, hay que deshacerlo por completo”, afirmó Abanto, refiriéndose a las inconsistencias que, según él, han marcado este proceso judicial desde el inicio.
Además, el abogado señaló que el costo público de mantener un proceso de esta magnitud durante casi ocho años es inaceptable. “Estamos hablando de millones de soles invertidos por el Estado y, del otro lado, de acusados que han tenido que destinar sumas significativas para su defensa. Esto no puede seguir así”, declaró.
Keiko Fujimori y el fallo judicial
A pesar de la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular no ha sido declarada inocente. “Esto no es una declaración de inocencia a favor de Keiko Fujimori. Solo se podrá proceder con un nuevo juicio si la Fiscalía logra superar nuevos filtros”, explicó Jonathan Correa, abogado del estudio Ugaz Zegarra, en declaraciones a Infobae.
La decisión del Poder Judicial se basó en la vulneración del principio de congruencia en el caso de José Chlimper, uno de los coimputados. Este fallo permitió que el resto de los implicados en el caso ‘Cócteles’ solicitaran el mismo trato.
El caso ‘Cócteles’: Un proceso de alto perfil
El caso ‘Cócteles’ se centra en las acusaciones de lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular, relacionadas con presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas presidenciales de 2011 y 2016. La investigación ha estado liderada por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, y ha generado gran atención mediática y política.
Desde el inicio del caso, la defensa de los acusados ha cuestionado repetidamente las acciones del fiscal y del sistema judicial. La anulación del juicio oral representa un revés significativo para la Fiscalía, que ahora deberá replantear su estrategia si desea continuar con el caso.
Reacciones al anuncio de la queja ante la JNJ
El anuncio de Humberto Abanto ha generado reacciones divididas. Mientras que algunos sectores consideran que la queja ante la JNJ es un intento legítimo de defender los derechos de los acusados, otros lo ven como una estrategia para desacreditar a las autoridades judiciales encargadas del caso.
Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez ha defendido públicamente su labor en el caso ‘Cócteles’, asegurando que “las investigaciones se han llevado a cabo en estricto cumplimiento de la ley y con el objetivo de combatir la corrupción en el país”.
El juez Víctor Zúñiga Urdai, quien también será incluido en la queja, no ha emitido comentarios al respecto.
¿Qué sigue para el caso ‘Cócteles’?
Con la anulación del juicio oral, la Fiscalía enfrenta el reto de corregir los errores procesales señalados por el Poder Judicial y preparar una nueva acusación que cumpla con los requisitos legales. Sin embargo, este proceso podría tomar varios meses, lo que prolongaría aún más el caso.
Mientras tanto, la queja ante la JNJ añadirá una nueva dimensión al caso ‘Cócteles’, ya que esta entidad deberá evaluar las acciones del fiscal y del juez señalados y determinar si hubo alguna falta en el manejo del caso.
El caso ‘Cócteles’ sigue siendo un ejemplo emblemático de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia peruano para procesar casos de alto perfil, equilibrando el debido proceso y la lucha contra la corrupción.
