La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de Alianza Para el Progreso, María Acuña, votará este martes un informe que propone la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra y de sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos. La denuncia, promovida por excongresistas fujimoristas y el legislador Alejandro Muñante, sostiene que la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso en 2019 fue inconstitucional, según un reporte de Infobae.
El informe, elaborado por Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular y delegado en este proceso de acusación constitucional, plantea una inhabilitación de 10 años para Vizcarra, mientras que para Del Solar y Zeballos solicita 5 años. Esta sesión, que se realizará de manera virtual desde las 9:00 a.m., tiene como objetivo debatir y votar si el informe será aprobado o archivado.
¿Qué podría suceder en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
El procedimiento establece dos posibles escenarios. Si el informe de Héctor Ventura es aprobado, será remitido a la Comisión Permanente, que designará a un delegado encargado de sustentarlo ante el Pleno del Congreso. En caso de ser archivado, el proceso quedará cerrado.
De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución Política del Perú, para aprobar un informe de esta naturaleza en el Pleno se necesita el voto de dos tercios del número legal de parlamentarios. Es decir, un total de 66 votos sería requerido para sancionar con destitución e inhabilitación a Martín Vizcarra por 10 años y a Salvador del Solar y Vicente Zeballos por 5 años cada uno.
No obstante, el Reglamento del Congreso señala que los 30 legisladores que integran la Comisión Permanente no podrán participar en la votación final, por lo que esta cifra deberá alcanzarse entre los 100 parlamentarios restantes.
Controversia en torno a Salvador del Solar: ¿prescripción o inhabilitación?
Un punto que ha generado debate dentro de la Subcomisión es el caso de Salvador del Solar, quien ha solicitado el archivamiento de la denuncia constitucional en su contra alegando prescripción. Según la defensa del exministro, el plazo legal para presentar una acusación expiró el 30 de septiembre de 2024, cinco años después de su salida del cargo como jefe del Consejo de Ministros, el mismo día en que Vizcarra disolvió el Congreso.
Sin embargo, el informe de Héctor Ventura propone una interpretación diferente al excluir del cómputo del plazo el periodo en el que el Congreso estuvo disuelto, del 1 de octubre de 2019 al 16 de marzo de 2020. De este modo, se extendería el tiempo disponible para acusar a Del Solar hasta el 16 de marzo de 2025, coincidiendo con el inicio de funciones del nuevo Congreso.
La defensa de Martín Vizcarra ante el Congreso
El expresidente Martín Vizcarra ha sostenido que su decisión de disolver el Congreso se dio dentro del marco constitucional y fue validada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Durante su participación en la Subcomisión, Vizcarra respondió a los señalamientos de los legisladores de Fuerza Popular que calificaron su decisión como un «golpe de Estado».
“Me han dicho golpista. Golpe de Estado fue el que se realizó el 5 de abril de 1992. Golpe de Estado fue el que intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el que intervino la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y se tomaron presos a los políticos que se opusieron y callaron a la prensa. Eso es golpe de Estado. Con tanques en las calles. El 30 de setiembre del año 2019 yo disolví constitucionalmente el Congreso y disolví, señora presidenta, en función de respeto a la Constitución, que está amparado por la ley y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional y, en cuatro meses, estuvo nuevamente la elección de los nuevos congresistas”, respondió Vizcarra de manera contundente.
Sus palabras marcaron una clara defensa frente a las acusaciones en su contra, subrayando que el procedimiento respetó los principios legales establecidos y que el cierre del Congreso fue una medida avalada constitucionalmente.
El trasfondo político de la inhabilitación
El caso contra Vizcarra, Del Solar y Zeballos no solo está cargado de implicancias legales, sino también políticas. El cierre del Congreso en 2019, ocurrido durante el gobierno de Vizcarra, fue uno de los eventos más polarizadores en la historia reciente del país. Mientras algunos sectores lo consideraron una medida necesaria para enfrentar una crisis de gobernabilidad, otros lo calificaron como una decisión arbitraria y anticonstitucional.
Desde entonces, los sectores políticos más afines al fujimorismo no han cesado en sus esfuerzos por cuestionar las acciones del expresidente y de sus colaboradores cercanos. La inhabilitación propuesta podría interpretarse como un intento de cerrar capítulos pendientes y marcar un precedente para futuros casos.
La figura de Salvador del Solar: del cine a la política
Salvador del Solar, quien se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Vizcarra, es reconocido por su trayectoria como actor y cineasta antes de incursionar en la política. “Desde el cine hasta la política, Salvador del Solar ha demostrado un compromiso inquebrantable con el progreso social y la igualdad en el país”, señala un análisis reciente de Andina.
No obstante, su papel en el cierre del Congreso lo ha mantenido en el centro de la polémica. Si bien Del Solar ha defendido públicamente que sus acciones estuvieron «dentro del marco constitucional», el informe de Ventura busca atribuirle responsabilidad política y legal en los eventos de 2019.
La sesión clave de la Subcomisión
La sesión de este martes será crucial para definir el destino político de Vizcarra, Del Solar y Zeballos. La posibilidad de que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo significativo dependerá no solo del resultado en la Subcomisión, sino también de las decisiones posteriores de la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso.
En un contexto político marcado por la polarización y la búsqueda de justicia, este caso se perfila como un punto de inflexión que podría sentar precedentes para futuros procesos de acusación constitucional en el país.
