En un movimiento sin precedentes, la Comisión Permanente del Congreso de Chile ha aprobado la solicitud para iniciar un proceso de remoción contra Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el consejero Francisco Ugás. La solicitud, que contó con 66 votos a favor, 51 en contra y ocho abstenciones, ahora pasa a manos de la Corte Suprema, que será la encargada de determinar el futuro de ambos funcionarios.
La acusación, impulsada por parlamentarios de las bancadas de Chile Vamos junto a Renovación Nacional, UDI y Evópoli, alega “negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones” en relación con una querella por tráfico de influencias que implica al exministro Mario Desbordes. Este último se postula para la alcaldía de Santiago en las próximas elecciones municipales.
La decisión ha desatado un intenso debate político. Desde la oposición, se ha criticado la acción como un intento de intervencionismo político para influir en un organismo autónomo e independiente. En contraste, los proponentes de la moción argumentan que es necesaria para preservar la integridad del INDH y evitar su uso político.
Este proceso, que es el primero de su tipo desde la creación del INDH en 2010, se observa con gran interés tanto dentro como fuera de Chile, dado su potencial impacto en la institucionalidad de derechos humanos en el país.
