La crisis en la Policía Nacional del Perú (PNP) se agrava con la revelación de que más de 750 de sus miembros están actualmente encarcelados por diversos delitos, reflejando la profunda corrupción que afecta a la institución encargada de mantener la seguridad en el país. Según un informe reciente, hasta julio de 2023, la población penitenciaria nacional ascendía a 93,147 internos, superando en 52,128 la capacidad de los penales. De este total, 758 reclusos son policías, de los cuales 367 están siendo procesados y 391 ya han sido sentenciados.
En Lima, la situación es alarmante: 70 agentes están recluidos en el penal de Lurigancho, 46 en Castro Castro, 21 en Ancón I y 19 en Ancón II. Los delitos por los que se les acusa van más allá del cohecho pasivo propio (soborno) y abarcan un amplio espectro de crímenes. Entre los más destacados se encuentran 66 casos de robo agravado, 53 de promoción o favorecimiento del tráfico ilícito de drogas, 40 de organización criminal, 27 de tráfico ilícito de drogas, 36 de violación y 29 de extorsión. Solo seis agentes están detenidos por delitos contra la humanidad, como tortura o desaparición forzada, distribuidos en los penales de Castro Castro, Chincha y Piura.
Estos seis policías podrían ser los primeros en ser trasladados a la cárcel exclusiva que la PNP planea construir dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Actualmente, este centro alberga a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El proyecto de la nueva cárcel, que ya cuenta con un sustento técnico y legal, fue elaborado en marzo de este año por el comandante Luis Castellares Matamoros, de la División de Seguridad y Penales. La iniciativa busca responder a la preocupación de la PNP ante la posible reclusión de decenas de agentes implicados en la represión de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, que resultaron en 49 muertes.
El informe advierte sobre la alta probabilidad de que el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen medidas excepcionales contra el personal policial involucrado en la represión de las protestas sociales surgidas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Actualmente, 154 miembros de la PNP y del Ejército están siendo procesados por las muertes ocurridas durante esas manifestaciones, y la presidenta Dina Boluarte enfrenta una denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves.
Leonardo Caparrós, exjefe de la entidad, consideró que la propuesta de una cárcel exclusiva es viable, pero con la condición de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantenga un control adecuado, evitando situaciones como las del penal Virgen de las Mercedes, donde el INPE tiene escaso manejo.
Este informe, que refleja la profunda crisis institucional que atraviesa la PNP, está actualmente bajo revisión del jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia. Entre 2018 y 2023, la gravedad de la situación es evidente: 23,824 oficiales fueron retirados por faltas muy graves, lo que equivale a un promedio de 11 pases al retiro por día. Además, 8,129 oficiales fueron suspendidos temporalmente por diversas infracciones.
El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) presentado por la Contraloría revela que la PNP en Lima Metropolitana encabeza las entidades del gobierno nacional con un puntaje de 75.7, lo que subraya la magnitud del problema al interior de la institución.
