El Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación, con mayoría de votos, la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal Peruano. Esta medida busca imponer cadena perpetua a delincuentes que utilicen artefactos explosivos, como granadas, en actos de extorsión, secuestro o sicariato. La normativa fue aprobada luego de un intenso debate, en el que finalmente se descartó la polémica propuesta de tipificar el “terrorismo urbano”, una figura que había sido objeto de críticas por parte de expertos y organizaciones civiles. La segunda votación, que confirmará esta medida, se realizará en los próximos siete días.
La nueva normativa establece que cualquier persona que, utilizando armas de fuego o explosivos, cometa delitos graves como extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, generando terror o zozobra en la población, será sancionada con cadena perpetua. “El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos […] será reprimido con cadena perpetua”, dicta el artículo aprobado. Con esto, el Congreso endurece las penas para aquellos que utilicen la violencia como método de intimidación criminal.
Ricardo Mc Cubbin reporta para el portal Infobae, que esta medida surge en un contexto donde la criminalidad organizada ha aumentado el uso de explosivos en zonas urbanas, especialmente en ciudades como Lima, donde los casos de extorsión han llegado a niveles alarmantes. El uso de granadas y otros explosivos se ha convertido en una herramienta común para las bandas que buscan amedrentar a empresarios, comerciantes y ciudadanos, generando un clima de terror que afecta la estabilidad social y económica. Con esta reforma, el Congreso busca responder de manera contundente a este fenómeno, otorgando mayores herramientas al sistema judicial para castigar a los responsables de estos actos.
La decisión de no aprobar la figura del “terrorismo urbano” también responde a la presión de diversos sectores, particularmente los gremios de transportistas. Estos grupos habían manifestado su preocupación ante la posibilidad de que esta tipificación pudiera utilizarse para criminalizar protestas y manifestaciones. En este sentido, uno de los principales pedidos de los gremios fue que se archivara la propuesta de incluir el terrorismo urbano en el Código Penal, considerando que podría abrir la puerta a la represión de movimientos sociales bajo el pretexto de combatir la inseguridad.
A pesar de las críticas, el Congreso ha mantenido firme su postura de incrementar las sanciones para aquellos que recurren a la violencia organizada. En lugar de enfocarse en el aumento de las penas para delitos como el secuestro o el bloqueo de vías, el Legislativo optó por una estrategia más directa contra el crimen organizado mediante el castigo severo a quienes empleen explosivos en sus actividades delictivas. Esta decisión refleja una tendencia a priorizar la lucha contra la criminalidad que, en muchas ocasiones, utiliza tácticas que provocan un gran impacto social y mediático, como es el uso de artefactos explosivos.
La aprobación de esta ley ha generado reacciones mixtas en la opinión pública. Por un lado, diversos sectores sociales aplauden la decisión de sancionar con mayor rigor a los extorsionadores y sicarios que aterrorizan a la población. Sin embargo, hay quienes advierten que la medida podría no ser suficiente para frenar el crecimiento de estas redes criminales. Expertos en seguridad han señalado que, si bien es importante endurecer las penas, también es necesario reforzar las capacidades de inteligencia y acción policial para desarticular las organizaciones que operan tras estos crímenes.
Finalmente, con la segunda votación pendiente, el Congreso tendrá la tarea de confirmar esta reforma que busca marcar un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. Mientras tanto, la sociedad peruana sigue a la espera de medidas más eficaces y estructurales para enfrentar la ola de inseguridad que afecta a gran parte de la población. La pregunta que muchos se hacen es si esta ley será realmente un paso hacia la reducción de la criminalidad o si se quedará en una medida aislada dentro de un sistema de justicia que todavía enfrenta importantes desafíos.
