El Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconoció en declaraciones a la prensa que el estado de emergencia declarado en 14 distritos de Lima no está ofreciendo los resultados esperados en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Aunque señaló que algunas medidas han tenido un impacto positivo, admitió que estos avances no son suficientes. «Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Tenemos que seguir trabajando, estamos profundizando nuestras intervenciones con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estamos desarticulando bandas», afirmó Adrianzén.
La declaración del ministro llega en medio de una creciente preocupación por los altos niveles de inseguridad en la capital, exacerbada por eventos recientes como el asesinato de un profesor en la puerta de un colegio en Ate, uno de los distritos bajo estado de emergencia. Este crimen, que ocurrió a plena luz del día y frente a los alumnos del docente, ha puesto en duda la efectividad de las medidas implementadas.
Medidas en curso y desafíos en la seguridad
Adrianzén también hizo referencia a las acciones que el gobierno ha tomado desde la implementación del estado de emergencia, mencionando la creación del grupo especial para extorsiones (Gorex), que cuenta con cien agentes dedicados exclusivamente a combatir este delito. «Hemos establecido una línea especial para denunciar extorsiones, intervenido los penales y las requisas continúan a nivel nacional», enfatizó el ministro. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, los crímenes violentos persisten, lo que ha generado críticas por parte de la ciudadanía y sectores políticos.
Rechazo a una posible renuncia
Ante las críticas por el manejo de la crisis de inseguridad y los pedidos de renuncia, Adrianzén descartó la posibilidad de dimitir, afirmando que su salida no resolvería el problema. «Si fuera posible garantizar que dando un paso al costado nadie va a morir en el Perú, lo haría», manifestó. Defendió el plan de seguridad en curso, subrayando que involucra el despliegue de cientos de policías y efectivos militares en las calles, así como operaciones como «Amanecer seguro» y «Retorno seguro». También reiteró que, aunque se siguen redoblando esfuerzos, la solución al problema de la inseguridad no se logrará de manera inmediata ni con improvisaciones.
Deslegitimación del paro de transportistas
En otro momento, Adrianzén se refirió al paro de transportistas que se llevó a cabo recientemente, intentando deslegitimar la protesta al vincularla con grupos que, según él, tienen fines políticos. «Dentro de las organizaciones que estarían haciendo este llamado está la Confederación Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), que ha sido vinculada al MOVADEF y grupos marginales que están haciendo política», señaló. Asimismo, cuestionó la participación de otras organizaciones, como APRODEH, IDL y el Partido Morado, en la convocatoria del paro, sugiriendo que la protesta no está motivada exclusivamente por las preocupaciones de los transportistas.
Situación crítica en seguridad y expectativas
El estado de emergencia fue decretado en un contexto de alarmante crecimiento de la extorsión y la criminalidad en Lima. Sin embargo, los incidentes violentos recientes, como el asesinato del profesor en Ate, han puesto en evidencia las limitaciones de las medidas adoptadas. Mientras tanto, el gobierno de Adrianzén sigue recibiendo presiones para mejorar la seguridad, no solo en la capital, sino en todo el país. Según portal La república, de autoría de Eva Palomino-
