Durante su participación en el VI Consejo de Estado Regional (CER) celebrado en Piura, la presidenta Dina Boluarte reafirmó su postura en favor de debatir la implementación de la pena de muerte para violadores de menores. La mandataria se refirió al reciente caso de una menor de 12 años asesinada en Villa María del Triunfo, señalando que este tipo de crímenes justifican la necesidad de endurecer las sanciones.
“Que se abra el debate sobre la pena de muerte contra los violadores de menores, una lacra que no debe tener ningún espacio en la sociedad, ni en las calles ni en las cárceles. Nuestras niñas y nuestros niños son lo más sagrado, son intocables. A nuestra clase política le decimos que poner este tema en discusión no debe causar temor; temor debe causar que nuevamente violen y asesinen a nuestros menores”, expresó Boluarte.
Un llamado a la acción desde el Ejecutivo
La propuesta de la presidenta fue respaldada por el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien enfatizó que el Gobierno busca plantear una discusión amplia para abordar esta problemática social. No obstante, esta iniciativa ha generado una gran controversia, enfrentando críticas tanto de expertos como de figuras políticas.
Boluarte también respondió a quienes consideran la pena de muerte inviable en el Perú, como el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien calificó la medida de incompatible con una sociedad democrática. Además, mencionó las declaraciones de la exministra de Justicia, Delia Muñoz, quien aseguró que este planteamiento podría ser una estrategia gubernamental para desviar la atención de otros problemas.
“Hay quienes dicen que no es posible y que es inviable, pues bien, discutámoslo. Nadie está cerrando el tema, estamos más bien abriendo la posibilidad de esa discusión en un país democrático y soberano. Porque eso es democracia”, afirmó la presidenta.
Críticas desde el Colegio de Abogados de Lima
La postura de Boluarte fue duramente cuestionada por el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), quien calificó la propuesta como “populismo jurídico”. Durante una entrevista con Exitosa, señaló que el enfoque de la presidenta es antitécnico y poco realista.
“Esto nuevamente parece un absurdo. Si hablamos de endurecer las normas, que sea para todos. Aquí los corruptos están libres de polvo y paja pese a las leyes que se han venido dando. Entonces, si queremos ser justos, incluyamos también a los corruptos en estas medidas”, manifestó el abogado.
El sarcasmo con el que se refirió a la posibilidad de aplicar la pena de muerte a funcionarios corruptos refleja un sentir generalizado en la ciudadanía: que el sistema judicial no actúa con la misma firmeza contra quienes saquean las arcas del Estado.
El debate sobre derechos humanos y soberanía
Boluarte ha insistido en que el debate sobre la pena de muerte no debe generar miedo, argumentando que se trata de una medida que responde a la soberanía nacional. Sin embargo, este planteamiento choca con compromisos internacionales asumidos por el Perú, como su adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Este instrumento prohíbe la pena de muerte, salvo en casos excepcionales preexistentes, lo que significa que para implementar esta medida, el Perú tendría que denunciar el tratado.
El expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, reiteró que la pena de muerte es una medida superada y consideró que abrir este debate podría afectar la posición del país en el ámbito internacional.
El caso de la menor asesinada en Villa María del Triunfo
El reciente caso que conmocionó al país ha servido como catalizador para el resurgimiento de esta propuesta. Una niña de 12 años fue hallada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida, lo que generó una ola de indignación y pedidos de justicia por parte de la ciudadanía.
“El momento creo que es ahora. ¿Hasta cuándo esperamos? Discutamos la posibilidad de endurecer las sanciones contra quienes destruyen la vida de nuestros menores y de sus familias”, añadió Boluarte, apelando al clamor popular por medidas más drásticas.
Una sociedad dividida
El debate sobre la pena de muerte ha polarizado a la opinión pública. Por un lado, hay quienes respaldan la postura de Boluarte, argumentando que los crímenes atroces contra menores merecen las sanciones más severas posibles. Por otro lado, están quienes consideran que esta medida no resolverá los problemas de fondo, como la impunidad y la falta de recursos en el sistema de justicia.
Expertos en derecho penal han advertido que la implementación de la pena de muerte podría tener efectos contraproducentes, como la limitación de recursos legales para los acusados y el riesgo de errores judiciales en un sistema que ya enfrenta cuestionamientos por corrupción e ineficiencia.
El papel del Congreso y el futuro del debate
La propuesta de Boluarte pone en el centro del debate al Congreso, que tendría que tomar decisiones sobre reformas legales y constitucionales para viabilizar la pena de muerte. Sin embargo, los legisladores también enfrentan la presión de sectores civiles y organizaciones internacionales que rechazan esta medida.
Mientras tanto, la presidenta ha dejado claro que no retrocederá en su intento de promover una discusión seria sobre el tema. “Este es un debate que no podemos seguir postergando. Las familias de las víctimas merecen respuestas y justicia”, concluyó.
Un país en busca de justicia
El resurgimiento del debate sobre la pena de muerte refleja una sociedad que demanda acciones concretas contra la violencia y la criminalidad. No obstante, también pone en evidencia las tensiones entre las soluciones inmediatas y las implicancias a largo plazo de las decisiones políticas.
El VI Consejo de Estado Regional culminó con la promesa del Ejecutivo de reforzar las políticas de protección para niños y niñas, aunque queda pendiente la discusión legislativa y ciudadana sobre las sanciones más adecuadas para estos crímenes.
