En medio de la polémica generada por la propuesta del congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, para restablecer la pena de muerte en el Perú, el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció de manera contundente en contra de esta iniciativa. Según Montoya, esta medida sería necesaria para enfrentar la crisis de seguridad y los elevados índices de extorsión y sicariato que afectan al país. Sin embargo, Arévalo considera que el debate sobre la pena de muerte ya está superado en la sociedad peruana y no debería reabrirse.
“Yo rechazo contundentemente la pena de muerte, no creo en ella. Es algo que hemos superado y que no se puede restablecer en el Perú. Lo que sí considero es que debe haber cadena perpetua para los criminales que cometan determinados delitos”, señaló Arévalo durante una reciente entrevista.
El debate sobre derechos humanos y justicia
La propuesta de Montoya también contempla la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, instrumento que prohíbe la pena de muerte en los países signatarios, salvo en casos excepcionales establecidos previamente en sus legislaciones nacionales. Para Arévalo, apartarse de este tratado sería un grave retroceso en el marco de los derechos humanos y la política judicial del Perú.
Además, el expresidente del Poder Judicial remarcó que la solución a los problemas de criminalidad debe enfocarse en el fortalecimiento del sistema judicial y penal. “El endurecimiento de las penas no siempre garantiza una disminución de los delitos. Necesitamos un sistema más eficiente, que asegure investigaciones rápidas, juicios justos y condenas oportunas”, agregó.
La postura del ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa, también se pronunció al respecto, adoptando una posición más conciliadora. Si bien aseguró ser un defensor de los derechos humanos, manifestó comprender la preocupación del congresista Montoya por la gravedad de los delitos de abuso de menores y sicariato, y señaló que el tema merece ser evaluado.
“Aunque estas modificaciones legales requieren un proceso largo y complejo, no puedo evitar expresar mi estupor por delitos tan graves como los mencionados por el congresista. Como ministro de Justicia, mi rol es defender los derechos humanos, pero entiendo que estas situaciones generan un legítimo desconcierto en la población”, afirmó Arana.
No obstante, el ministro no aclaró si apoyaría o no una eventual salida del Perú del Pacto de San José, lo que deja abierta la posibilidad de un mayor debate en torno a este tema en el Congreso y otros sectores de la sociedad.
El caso Vizcarra y la independencia judicial
En la misma entrevista, Javier Arévalo abordó otro tema controversial: las recientes leyes promulgadas por el Congreso que han favorecido al expresidente Martín Vizcarra en el juicio que enfrenta por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, donde se le acusa de delitos de corrupción. Vizcarra logró que se levantaran las restricciones en su contra, apelando a nuevas normativas aprobadas por el Parlamento.
Arévalo recordó que, aunque el Congreso tiene la facultad de legislar, los jueces tienen la obligación de evaluar si las leyes son compatibles con la Constitución. “Hay jueces que pueden considerar que estas leyes son contrarias a la Constitución y pueden aplicar el control difuso para no aplicarlas, pero esta decisión debe estar debidamente fundamentada”, explicó.
El contexto social y político
La propuesta de restablecer la pena de muerte surge en un momento de crisis de seguridad en el país. Los altos índices de extorsión, sicariato y abusos contra menores han generado una creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía, lo que algunos legisladores han aprovechado para promover medidas extremas como esta.
Sin embargo, expertos en derecho penal y derechos humanos han advertido que reinstaurar la pena de muerte no resolvería los problemas estructurales del sistema de justicia, como la impunidad, la corrupción y la falta de recursos para investigar y procesar delitos.
Rechazo internacional y posibles consecuencias
De implementarse la pena de muerte, el Perú podría enfrentar serias consecuencias a nivel internacional, incluyendo sanciones y aislamiento diplomático. Salir del Pacto de San José no solo afectaría la imagen del país como un defensor de los derechos humanos, sino que también pondría en riesgo su relación con organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este sentido, Javier Arévalo destacó la importancia de respetar los compromisos internacionales asumidos por el Perú. “Nuestra participación en el sistema interamericano de derechos humanos es fundamental para garantizar el respeto a la dignidad de las personas. No podemos dar un paso atrás”, puntualizó.
La opinión pública y el futuro del debate
El tema ha polarizado a la ciudadanía. Mientras algunos sectores apoyan la propuesta de Montoya, considerándola una respuesta necesaria frente a la delincuencia, otros la rechazan por considerarla incompatible con los valores democráticos y los derechos humanos.
En las próximas semanas, se espera que el Congreso evalúe formalmente la propuesta, lo que probablemente avivará el debate en la esfera pública y política. Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han anunciado campañas para informar a la población sobre las implicancias de restablecer la pena de muerte y las alternativas más efectivas para combatir la criminalidad.
Un llamado al diálogo informado
En medio de esta controversia, el expresidente del Poder Judicial instó a las autoridades y a la ciudadanía a mantener un diálogo informado y responsable sobre el tema. “No podemos tomar decisiones basadas únicamente en emociones o en el clamor popular. Debemos analizar todas las aristas y considerar las lecciones aprendidas de otros países”, concluyó Arévalo.
El debate sobre la pena de muerte en el Perú continúa, marcando una encrucijada para el futuro de los derechos humanos y la justicia en el país.