En un desarrollo judicial significativo, la Corte Superior de Justicia de Lima ha ordenado la suspensión de la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello, permitiéndoles retomar sus cargos como magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión, que ha generado una inmediata respuesta por parte del Congreso, subraya una tensión creciente entre las ramas legislativa y judicial del país.
El Congreso había aprobado previamente, el 7 de marzo, la inhabilitación de ambos magistrados por 10 años, alegando infracciones a la Constitución. Vásquez y Tello habían presentado una demanda de amparo contra esta medida, la cual fue declarada fundada por la Corte Superior, argumentando que deben ser repuestos en sus cargos hasta que se resuelva de manera definitiva su situación.
El pronunciamiento del Congreso enfatiza su respeto por el equilibrio de poderes pero advierte que el Poder Judicial no puede intervenir en competencias que son exclusivas del Parlamento. A pesar de esta posición, el legislativo no ha especificado aún qué acciones tomará en respuesta a la decisión judicial.
Este episodio resalta la compleja interacción entre los poderes del Estado peruano y plantea interrogantes sobre el alcance de las competencias de cada uno. Mientras tanto, la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima introduce un precedente importante en el tratamiento de los conflictos de poderes y en la protección de los derechos de los funcionarios públicos frente a decisiones del Congreso.
