El Congreso de la República aprobó la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas, durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones.
Cuya sanción fue inhabilitar a Vizcarra para que ocupe cargos públicos durante cinco años.
Por 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe sustentado por la ponente del caso, la congresista de la bancada de Perú Libre, Elizabeth Taipe.
Ayer, en horas de la mañana, el mandatario acudió al Palacio Legislativo junto a su abogado, Jonathan Correa Arias, para ejercer su derecho a la defensa.
El letrado reiteró la inocencia de su patrocinado y manifestó ante el Congreso que la denuncia avanzó cuando hizo pública su decisión de postular como congresista en los comicios del año pasado.
“Es una acusación no con un carácter técnico o legal, sino para sacarme”, dijo al referir que la acusación de Vilcatoma estuvo “congelada” durante tres años y su trámite y aprobación se realizó en apenas 4 meses.
El informe parte de la acusación constitucional que presentó en el 2019 la exparlamentaria Yeni Vilcatoma, quien señaló que Vizcarra Cornejo habría tenido participación en la empresa Obrainsa.
Si bien la conclusión del informe es que no hay elementos suficientes para demostrar que el exmandatario realizó actos a favor de Obrainsa, sin embargo, propone sancionarlo con la inhabilitación de la función pública por cinco años.
El documento aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye que Vizcarra Cornejo cometió infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
