La Primera Sala Constitucional de Lima declaró fundada, en parte, la demanda de amparo contra el proyecto minero Ariana, ubicado en Junín, al considerarlo una amenaza para el suministro de agua potable de más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao. Este fallo, basado en el voto dirimente del juez Eduardo Romero Roca, señala que el proyecto compromete derechos fundamentales como el acceso al agua y a un ambiente equilibrado.
El proyecto, que pretende extraer minerales cerca de las lagunas de Marcapomacocha, esenciales para la cuenca del Rímac, permanece detenido tras la decisión judicial. Sin embargo, persisten discrepancias sobre cómo proceder frente al riesgo identificado. Aún no se define si se deben anular o solo suspender las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), ni si los estudios técnicos deben ser realizados por entidades internacionales independientes o por la empresa y las autoridades estatales.
Una nueva audiencia ha sido programada para el 7 de marzo con el fin de resolver estas diferencias. Los demandantes, entre ellos la ONG CooperAcción y el exviceministro José de Echave, esperan que se priorice el principio precautorio y el derecho al agua en el fallo definitivo.
