El juez Richard Concepción Carhuancho, reconocido por su competencia en casos de alta complejidad, ha declarado inaplicable la Ley 32108 en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, negando un pedido de excepción de improcedencia de acción solicitado por la defensa de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma. Concepción Carhuancho es el segundo juez de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada en adoptar esta postura, aplicando el control difuso y de convencionalidad para argumentar que dicha ley vulnera derechos fundamentales.
La Ley 32108, promulgada en agosto de 2024, modifica la descripción legal del delito de crimen organizado. Sin embargo, el magistrado considera que esta ley “vulnera los derechos a la tranquilidad, seguridad personal, verdad y a vivir en una sociedad libre de corrupción”. Sostiene que la norma no solo contraviene la Constitución del Perú, sino también instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
Acusación de “Ley con nombre propio”
En su resolución, el juez Concepción Carhuancho argumenta que la Ley 32108 parece haber sido creada con el objetivo de favorecer a investigados específicos, señalando que fue promovida por el congresista Waldemar Cerrón, quien a su vez enfrenta cargos por organización criminal y tráfico de influencias en el conocido caso de ‘Los Dinámicos del Centro’. Cerrón solicitó que se archive la investigación en su contra citando la misma ley que promovió, argumentando que el grupo criminal del que se le acusa no cometió delitos graves ni buscaba beneficios económicos directos.
El juez cuestiona la legitimidad de la ley al señalar que no fue promulgada para proteger a la sociedad del crimen organizado, sino para beneficiar a intereses particulares. Esta postura ha sido compartida por figuras como José Ugaz, exprocurador anticorrupción, y Marianella Ledesma, exmagistrada del Tribunal Constitucional, quienes han denunciado que la norma responde a los intereses del crimen organizado y no a la protección ciudadana.
Discrepancias con la Corte Suprema
Concepción Carhuancho también discrepa con la Sala Penal de la Corte Suprema, que aplicó la Ley 32108 en un caso reciente, lo que ha comenzado a sentar jurisprudencia para otros investigados que buscan beneficiarse de la nueva descripción del delito de crimen organizado. La Corte Suprema, con ponencia del juez César San Martín Castro, no cuestionó la constitucionalidad de la ley, argumentando que cumple con las características definitorias de la organización criminal, como la permanencia y la estructura de roles.
Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho mantiene que esta ley fue dictada para favorecer a personas investigadas por delitos de corrupción, y que su aplicación no protege adecuadamente a la sociedad del crimen organizado. La defensa de Zenovia Griselda Herrera Vásquez, quien enfrenta cargos de tráfico de influencias y organización criminal, apelará esta decisión, buscando que sea revisada por una Sala Penal Nacional de Apelaciones. Es probable que, en caso de un fallo desfavorable, el caso escale hasta la Corte Suprema.
Contexto del caso y posibles implicaciones
Herrera Vásquez está vinculada, según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en una presunta recolección ilícita de firmas para inscribir el partido ‘Ciudadanos por el Perú’. Este caso es un ejemplo de las múltiples investigaciones que se verían afectadas por la aplicación de la Ley 32108, lo que ha generado un amplio debate sobre la integridad de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el país. Según portal La república, de autoría de César Romero.
