El exjuez supremo César Hinostroza, actualmente prófugo de la justicia en Bélgica, ha solicitado que se archive la denuncia en su contra por el delito de organización criminal, amparándose en la controvertida Ley 32108, aprobada por insistencia en el Congreso. Esta norma redefine los criterios para calificar una organización criminal, exigiendo que dicha organización tenga control sobre una economía o mercado ilegal para obtener beneficios económicos.
El próximo jueves 19 de septiembre, el Poder Judicial evaluará la solicitud de Hinostroza en una audiencia. La defensa del exjuez ha planteado una “excepción de improcedencia de acción”, argumentando que la acusación en su contra no cumple con los nuevos requisitos establecidos por la Ley 32108. Según esta ley, una organización criminal debe estar compuesta por al menos tres personas, tener una estructura compleja, y buscar controlar de manera concertada una economía ilegal.
Modificación legal y búsqueda de impunidad
La Ley 32108, aprobada por insistencia por el Parlamento, ha generado polémica, ya que modifica el Código Penal y ha sido vista por muchos como una medida que podría beneficiar a figuras vinculadas a la corrupción. Según la interpretación de Hinostroza, su caso no se ajusta a lo que ahora define la ley como una organización criminal, motivo por el cual busca el archivo de la acusación. Además, el exjuez ha solicitado la aplicación de esta norma para archivar otros delitos, como tráfico de influencias y cohecho.
El Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 150 mil soles a quien proporcione información sobre el paradero de Hinostroza, quien sigue evadiendo a la justicia peruana desde Bélgica.
El caso de Los Cuellos Blancos del Puerto
César Hinostroza está acusado de ser el líder de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una red de corrupción que buscaba controlar importantes instituciones judiciales en Perú, como el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. Según la Fiscalía, esta organización utilizaba influencias, nombramientos y favores para colocar a sus aliados en posiciones de poder, lo que les permitiría manipular decisiones judiciales de alto perfil.
Este caso ha sido uno de los más sonados en el sistema judicial peruano, involucrando a varias figuras destacadas, como el exjuez Walter Ríos y el empresario Antonio Camayo. La organización también habría tenido nexos con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, y otros exconsejeros del sistema judicial.
Hinostroza solicita la aplicación de la Ley Soto
Además de acogerse a la Ley 32108, Hinostroza ha pedido que se aplique la Ley 31751, también conocida como ‘Ley Soto’, con el objetivo de archivar el proceso judicial por patrocinio ilegal que se le sigue. Esta ley ha sido igualmente controvertida, ya que permite la prescripción de ciertos delitos bajo determinadas condiciones.
Sin embargo, en septiembre de 2023, el juez Juan Carlos Checkley rechazó la solicitud de Hinostroza, indicando que la Fiscalía había recalificado el delito de patrocinio ilegal a cohecho activo específico, lo que amplía el plazo de prescripción. A pesar de este rechazo, Hinostroza continúa buscando beneficios legales para evitar su procesamiento.
En junio de 2023, el Poder Judicial aprobó solicitar la detención de Hinostroza en Bélgica con fines de extradición. Si se logra su captura, podría enfrentar en Perú los cargos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
