Caso Pativilca: Procuraduría insiste en juicio civil tras muerte de Alberto Fujimori

Tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori el pasado 11 de septiembre, su defensa legal ha solicitado la extinción de la acción penal en su contra por el caso Pativilca, donde se le acusaba de crímenes como homicidio calificado y desaparición forzada. Durante la audiencia realizada el 13 de septiembre, Elio Riera, abogado defensor de Fujimori, pidió que se cierre el caso penal, argumentando que, al fallecer, la responsabilidad penal ya no es aplicable.

Sin embargo, la Procuraduría de Orden Interno ha solicitado que el proceso judicial continúe en la parte civil para determinar si existen responsabilidades que ameriten una reparación a los familiares de las víctimas. La representante del Ministerio Público y la abogada de la parte civil, Gloria Cano, se mostraron de acuerdo con la extinción de la acción penal, mientras que la jueza Miluska Cano, a cargo del proceso, indicó que es necesario el acta oficial de defunción antes de emitir cualquier resolución al respecto.

El caso Pativilca y la posible reparación civil

El caso Pativilca, uno de los más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Fujimori, involucra el asesinato de seis pobladores del distrito de Barranca en 1992, crimen cometido por el grupo militar Colina, encargado de ejecutar operativos de inteligencia con extrema violencia. Aunque algunos de los responsables aceptaron su culpabilidad, Fujimori enfrentaba una posible condena de 25 años de prisión por su presunta participación en estos hechos.

Ahora, con la muerte del exmandatario, la Procuraduría insiste en que se continúe el juicio en el fuero civil para determinar un eventual monto de reparación para las víctimas. Este tipo de reparación podría contribuir a resarcir a los familiares de las seis víctimas, quienes fueron secuestradas y ejecutadas en un cañaveral cercano a Pativilca en 1992.

Contexto del juicio y la implicación de Fujimori

La inclusión de Fujimori en este proceso se debe a la ampliación de su extradición, aprobada por la Corte Suprema de Chile, que permitió que se le juzgara por el caso Pativilca. A lo largo de su régimen, se le ha vinculado con múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, siendo este uno de los más notorios junto con la masacre de La Cantuta.

Aunque el juicio ha tardado años en avanzar, los familiares de las víctimas, apoyados por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), mantienen su esperanza en que se sancione a los responsables y se otorgue justicia a quienes sufrieron las atrocidades del Grupo Colina.

En marzo de este año, su exasesor Vladimiro Montesinos fue sentenciado a 19 años de prisión por su participación en los crímenes de Pativilca y La Cantuta, tras acogerse a la conclusión anticipada del juicio. Fujimori, por su parte, había decidido no acogerse a esta medida, buscando demostrar su inocencia.

El juicio continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que se esclarezca la responsabilidad civil del fallecido expresidente y de los demás implicados.