El Poder Judicial del Perú, a través del juez Richard Concepción Carhuancho, dictó prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, bajo las acusaciones de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Este fallo surge en el marco del caso denominado “Los Waykis en la Sombra,” una presunta red de corrupción vinculada a la designación irregular de prefectos y subprefectos en varias regiones del país. La República informó que Boluarte Zegarra, actualmente no habido, habría coordinado su fuga desde el domingo 17 de noviembre.
La decisión de Concepción Carhuancho, juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, está sustentada en que el acusado no demostró arraigo laboral ni domiciliario, lo que representa un riesgo de fuga. Además, según el magistrado, hay indicios sólidos de que el hermano de la mandataria lideraba esta presunta red criminal. Como resultado, se ha ordenado a la Policía Nacional del Perú (PNP) su inmediata búsqueda y captura. Según el informe de Narda Saavedra para La República.
¿Qué se sabe de la desaparición de Boluarte Zegarra?
Nicanor Boluarte no asistió a las audiencias judiciales del 17 de noviembre, lo que generó alarma entre las autoridades. Según reportes, fue visto por última vez conectándose a una sesión virtual desde un automóvil, lo que apunta a que podría haber preparado su huida en caso de que el fallo le fuera desfavorable. Su abogado, Luis Vivanco, declaró durante las audiencias que no ha logrado comunicarse con su cliente, aumentando la incertidumbre sobre su paradero.
A lo largo de las investigaciones, las autoridades también han identificado a otros presuntos implicados, como Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar, quienes habrían participado en esta red bajo la coordinación de Boluarte Zegarra. El testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, Víctor Torres, fue clave para detallar que “nada se ejecutaba sin la venia” del hermano de la presidenta.
El papel de Concepción Carhuancho en el caso
El juez Concepción Carhuancho no solo impuso prisión preventiva a Boluarte Zegarra, sino que además rechazó la aplicación de las leyes 32108 y 32138, las cuales modifican el delito de organización criminal en el Perú. Según el magistrado, estas normativas tienen un carácter inconstitucional y fueron diseñadas con un “nombre propio,” es decir, para beneficiar a políticos y funcionarios involucrados en casos de corrupción.
“La Ley 32108 se dictó para favorecer a un sector en detrimento de las mayorías. Ha sido diseñada para excluir a los funcionarios públicos y actores políticos, vulnerando principios fundamentales del Estado de derecho,” argumentó Carhuancho. También resaltó que esta ley no cumple con los estándares establecidos por la Convención de Palermo, un instrumento internacional que define los parámetros para abordar el crimen organizado.
Los otros acusados y el avance de las investigaciones
Además de Nicanor Boluarte, el Ministerio Público sigue evaluando las pruebas contra los otros cinco investigados en este caso. Las audiencias del domingo y lunes sirvieron para exponer cómo funcionaba la presunta red de corrupción. Según la tesis fiscal, Boluarte Zegarra utilizó su posición privilegiada como hermano de la presidenta para coordinar nombramientos irregulares en regiones clave como San Martín y Cajamarca.
El juez destacó que las reuniones para coordinar estas actividades se habrían llevado a cabo con conocimiento y participación activa de los otros investigados, quienes también afrontan la posibilidad de medidas cautelares similares.
Implicancias políticas y legales
Este caso tiene un impacto directo en la administración de justicia y en la percepción pública sobre el gobierno de Dina Boluarte. A pesar de que no se ha señalado una conexión directa entre la presidenta y las acciones de su hermano, la oposición política ha utilizado este caso para cuestionar la transparencia de su gestión.
En tanto, el juez Carhuancho insistió en que el fallo no está motivado por intereses políticos, sino por el cumplimiento estricto de la ley y la defensa de las instituciones democráticas. “El control difuso se aplica cuando una ley contraviene la Constitución. Esto no solo es válido, sino necesario para salvaguardar el sistema de justicia,” declaró.
Reacciones y próximo escenario judicial
El fallo ha provocado reacciones divididas. Mientras algunos sectores aplauden la firmeza del juez, otros critican lo que consideran una politización del caso. Por su parte, la defensa de Boluarte Zegarra ha anunciado que apelará la decisión, aunque esta se cumple de manera inmediata.
En las próximas semanas, se determinará la duración de la prisión preventiva y se avanzará en las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta presunta red criminal. Entretanto, la captura de Nicanor Boluarte sigue siendo una prioridad para la PNP, mientras la atención pública permanece centrada en el desarrollo de este caso que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el Perú.
