El caso de Sheyla Cóndor, la joven asesinada cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una maleta en el distrito limeño de Comas, ha conmocionado al país. El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Darwin Marx Condori Antezana, principal sospechoso del feminicidio, fue encontrado muerto en un hostal de San Juan de Lurigancho. Este desenlace, lejos de cerrar el caso, deja al descubierto profundas fallas en la respuesta de las autoridades y en la atención a las víctimas de violencia de género.
Según un informe de Clara Giraldo para Infobae, la PNP rastreó a Condori mediante la geolocalización de su teléfono móvil. Esto permitió ubicarlo en el hostal La Perla, donde fue hallado suspendido con una correa. Aunque los agentes lo trasladaron de inmediato a una clínica cercana, se confirmó su fallecimiento. La noticia ha generado indignación, no solo por el crimen, sino también por la aparente indiferencia y negligencia de las autoridades en las primeras horas de la desaparición de Sheyla.
Un feminicidio que pudo evitarse
Sheyla Cóndor, de 26 años, desapareció tras ser vista por última vez ingresando al departamento de Darwin Condori, según cámaras de seguridad del condominio Las Praderas en Comas. Horas después, los vecinos alertaron sobre un olor fuerte proveniente del lugar. Sin embargo, la respuesta policial tardó, permitiendo que el sospechoso escapara.
La familia de Sheyla enfrentó múltiples obstáculos al intentar reportar su desaparición. En declaraciones a la prensa, su madre, Elsa Cóndor, narró cómo en las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila se les negó inicialmente la posibilidad de interponer una denuncia directa contra Condori por temor a acusaciones de difamación. Ante esta negligencia, la búsqueda quedó en manos de la familia, quienes finalmente hallaron el cuerpo tras insistir en ingresar al departamento del suboficial.
“El sistema falló en proteger a mi hija desde el primer momento”, declaró Elsa Cóndor, quien también denunció la falta de protocolos efectivos para casos de desaparición.
El suicidio del acusado: ¿un cierre o más preguntas?
Darwin Condori se convirtió en el hombre más buscado tras el hallazgo del cuerpo de Sheyla. La investigación policial reveló que el suboficial no solo había cometido el feminicidio, sino que también había intentado borrar pruebas y evadir la justicia trasladándose entre diversos puntos de la ciudad.
El coronel Obando, de la PNP, confirmó que la captura del sospechoso se logró gracias a la tecnología de geolocalización. Sin embargo, el desenlace en el hostal La Perla deja muchas preguntas abiertas. “Esta situación llena de impotencia, especialmente porque no se hará justicia para Sheyla ni para otras mujeres que denunciaron previamente a este individuo y fueron ignoradas”, señaló la abogada de la familia de la víctima.
El suicidio de Condori también ha despertado sospechas sobre la posible complicidad de terceros. La defensa de la familia pidió que las investigaciones continúen para determinar si otras personas ayudaron al suboficial a escapar o encubrir el crimen.
Un sistema en crisis: negligencia y revictimización
El caso de Sheyla Cóndor no es un hecho aislado en un país donde las cifras de feminicidios siguen siendo alarmantes. Según datos del Ministerio de la Mujer, solo en 2023 se han registrado más de 100 feminicidios, muchos de los cuales muestran patrones de inacción por parte de las autoridades.
La demora en atender la desaparición de Sheyla es un claro ejemplo de esta problemática. Los mensajes en WhatsApp que evidenciaban la relación entre la víctima y su agresor fueron ignorados en una primera instancia por las autoridades. En su lugar, la familia tuvo que investigar por su cuenta, enfrentándose a un sistema burocrático y poco empático.
“Es indignante que las autoridades minimicen las denuncias de desaparición y feminicidio, calificándolas de simples conflictos sentimentales”, declaró la abogada de la familia Cóndor.
Reacciones desde el gobierno: ¿basta con sanciones administrativas?
El ministro del Interior, Juan José Santivañez, se pronunció sobre la muerte de Darwin Condori, ordenando que no se rindan honores policiales durante su sepelio y reiterando que los efectivos involucrados en actos delictivos enfrentarán sanciones severas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que estas medidas son insuficientes.
“El problema no solo radica en los individuos que cometen estos crímenes, sino en un sistema policial que perpetúa la impunidad y la indiferencia hacia las víctimas”, expresó una representante de la Defensoría del Pueblo.
La vinculación de Condori con una violación grupal denunciada en 2023 y su permanencia en la institución policial incluso después de múltiples acusaciones de violencia de género refleja, según expertos, una preocupante falta de control y depuración en las filas de la PNP.
La indignación ciudadana como respuesta
El caso de Sheyla ha despertado una ola de protestas y pronunciamientos en redes sociales. Grupos feministas y colectivos de derechos humanos han exigido reformas profundas en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.
“El feminicidio de Sheyla y el posterior suicidio de su agresor no son hechos aislados. Son el reflejo de un sistema que desprotege a las mujeres y permite que los agresores actúen con impunidad”, señaló una activista durante una marcha en Lima.
En medio de esta crisis, el caso también pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la salud mental, tanto en la ciudadanía como en las fuerzas del orden. Las decisiones extremas de Darwin Condori, aunque condenables, reflejan una falta de atención integral a los problemas psicológicos dentro de la PNP.
Un país herido y en busca de justicia
La muerte de Darwin Condori no cierra el caso de Sheyla Cóndor. Por el contrario, deja abiertas múltiples interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades, la efectividad del sistema judicial y el futuro de la lucha contra la violencia de género en Perú.
Mientras tanto, la familia de Sheyla y la sociedad peruana siguen clamando por justicia. En palabras de su madre: “No quiero que la muerte de mi hija quede en el olvido. Quiero que sirva para que ninguna otra mujer pase por lo que ella sufrió”.
El caso de Sheyla Cóndor es un recordatorio doloroso de que, en Perú, la lucha por la justicia y la igualdad sigue siendo un desafío pendiente.
