Durante la clausura del CADE Ejecutivos 2024, en la ciudad de Arequipa, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, ofreció una autocrítica sobre la labor parlamentaria, aunque no escatimó en cuestionamientos hacia las instituciones del sistema judicial peruano. Su intervención, titulada “De la degradación a la construcción de nuestro futuro”, generó un intenso debate al exponer tanto los errores del Legislativo como los conflictos con el Poder Judicial y otras entidades autónomas.
Autocrítica desde el Congreso
En un discurso que mezcló reflexiones críticas y defensas institucionales, Juárez reconoció las limitaciones del Congreso actual. “Tengo que hacer un mea culpa, porque creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias a pesar de los buenos propósitos de algunos”, declaró, arrancando aplausos en el auditorio del evento empresarial más importante del país.
Sin embargo, la congresista no tardó en redirigir sus críticas hacia otros organismos, señalando que el Parlamento ha enfrentado constantes bloqueos por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC).
Choques con el sistema de justicia
Juárez acusó a las instituciones judiciales de extralimitarse en su autonomía. “Hay algunas instituciones que pretenden tener una autonomía ilimitada”, señaló, refiriéndose a casos en los que, según ella, el Ministerio Público y el Poder Judicial han desconocido leyes promulgadas por el Congreso.
“Un Ministerio Público que desconoce las normas, un Poder Judicial que paraliza decisiones mediante acciones de amparo, y una Junta Nacional de Justicia que actúa como si fuera otro poder del Estado, son cosas que no podemos permitir”, afirmó.
La congresista también cuestionó al Tribunal Constitucional por estar “enfrascado en sus propios problemas internos”, en alusión a recientes disputas entre los magistrados de este órgano.
Leyes polémicas y cuestionamientos al Congreso
Pese a las críticas a otras instituciones, el Congreso que representa Juárez no ha estado exento de controversias. Según un informe de Ojo Público, entre el inicio de su legislatura y julio de 2024, el Parlamento ha aprobado al menos 32 normas que afectan la institucionalidad democrática.
Entre estas leyes se incluyen:
- Prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
- Límites a la cuestión de confianza y al referéndum.
- Reducción de multas para candidatos electorales.
- Modificaciones que afectan la autonomía de la Sunedu.
- Imputabilidad penal de menores de 16 y 17 años por delitos graves.
La más reciente medida, que busca juzgar penalmente a menores de edad por delitos como terrorismo o secuestro, ha sido ampliamente criticada por expertos en derechos humanos y derecho penal.
¿Soluciones reales o medidas populistas?
En diálogo con Infobae Perú, el abogado penalista Jonathan Correa, del Estudio Ugaz Zegarra, señaló que muchas de las leyes aprobadas por el Congreso responden más a estrategias demagógicas que a estudios serios sobre su impacto real.
“Crear nuevas normas no garantiza una reducción en los delitos”, advirtió. Correa agregó que los legisladores no han considerado las implicancias que estas leyes tendrán en el sistema jurídico ni los cambios estructurales que se requerirían para aplicarlas de manera efectiva.
En particular, el abogado cuestionó la norma sobre imputabilidad de menores, argumentando que va en contra de los compromisos asumidos por el Perú al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1990.
“Ellos están en una etapa de desarrollo y deben ser juzgados dentro del Sistema Penal Juvenil especializado, que está orientado a garantizar su reinserción social”, explicó.
Reflexiones desde el CADE Ejecutivos
El CADE Ejecutivos 2024, que congrega a líderes empresariales, políticos y académicos, se convirtió en un espacio clave para discutir las prioridades del país. En este contexto, el mensaje de Juárez resonó no solo por sus críticas al sistema de justicia, sino también por su llamado a la reconstrucción institucional.
“Estamos en un momento en el que debemos aprender de nuestros errores y construir un futuro que garantice la estabilidad y el progreso de nuestro país”, expresó.
Sin embargo, sus palabras no lograron despejar las dudas sobre la responsabilidad del Congreso en la actual crisis política e institucional.
Un Congreso en la mira
A pesar de su mea culpa, Juárez enfrenta críticas por las decisiones adoptadas bajo su gestión como vicepresidenta del Parlamento. La falta de consenso con el Ejecutivo y los constantes enfrentamientos con las instituciones autónomas han generado un clima de desconfianza hacia el Legislativo.
Expertos advierten que el Congreso debe asumir un rol más constructivo y menos confrontacional si busca recuperar la confianza ciudadana. Según una reciente encuesta, la aprobación del Parlamento se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos años, lo que refleja el descontento generalizado con su desempeño.
¿Hacia dónde va el Congreso?
La exposición de Patricia Juárez en el CADE Ejecutivos subraya la necesidad de un diálogo más amplio entre los poderes del Estado para superar la crisis institucional. Sin embargo, queda por ver si este mea culpa será seguido de acciones concretas que permitan avanzar hacia una gobernabilidad más efectiva y transparente.
Por ahora, el Congreso sigue siendo uno de los actores más cuestionados del escenario político, y su capacidad para liderar la reconstrucción institucional será determinante en el futuro del país.
