El gobierno de Dina Boluarte ha decidido ampliar por 60 días el estado de emergencia en 18 distritos y 6 centros poblados de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, a partir del 31 de enero de 2025. Esta medida se adopta bajo el argumento de prevenir el accionar de “grupos hostiles” y otras amenazas a la seguridad nacional.
“Durante este periodo se restringirá o suspenderá el ejercicio de algunos Derechos Constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, señala el Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano. Según Carlos Espinoza para Infobae.
El gobierno ha dispuesto que las Fuerzas Armadas desplieguen operaciones en las zonas declaradas en emergencia, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas instituciones tendrán la tarea de neutralizar cualquier amenaza a la estabilidad y el orden interno.
¿Qué se considera un “grupo hostil” según el gobierno?
En los considerandos del decreto, se define un “grupo hostil” como una pluralidad de individuos en el territorio nacional que reúnen tres condiciones específicas:
- Están mínimamente organizados.
- Tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada y mediante el uso de armas de fuego.
- Participan en hostilidades o colaboran en su realización.
Con esta medida, el Ejecutivo busca justificar la presencia militar en zonas donde se han registrado protestas violentas y ataques a infraestructura pública en el pasado, particularmente durante las movilizaciones sociales de fines de 2022 y principios de 2023.
“El despliegue de fuerzas militares en estas regiones es fundamental para garantizar el orden y evitar nuevas oleadas de violencia”, afirmó un alto funcionario del Ministerio del Interior que prefirió mantener su nombre en reserva.
Estado de emergencia en la franja del gas de Camisea
El gobierno también ha declarado en emergencia la franja territorial conocida como “Eje Energético del Gas de Camisea”, que cubre 8 kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, desde el centro poblado Nuevo Mundo, en el distrito de Megantoni (Cusco), hasta el distrito de Anco, en la provincia de La Mar (Ayacucho).
Esta medida se toma luego de un informe del Comando Especial del VRAEM, que advierte sobre la continuidad de actividades terroristas y delictivas en la zona, incluyendo ataques contra infraestructura energética, tráfico de drogas y presencia de remanentes de grupos subversivos.
“El gas de Camisea es una infraestructura estratégica para el país. No podemos permitir que grupos violentos la tomen como blanco”, declaró una fuente del Ministerio de Defensa.
Distritos afectados por el estado de emergencia
Ayacucho
- Provincia de Huanta: Ayahuanco, Santillana, Sivia, Llochegua, Canayre, Pucacolpa, Putis.
- Provincia de La Mar: Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena.
- Distrito de Uchuraccay: Centros poblados de Ccano, Yanamonte y Carhuahuran.
Huancavelica
- Provincia de Tayacaja: Distrito de Roble.
- Distrito de Huachocolpa: Centro poblado de Ichucucho.
- Centro poblado de Cochabamba Grande.
Cusco
- Provincia de La Convención: Distritos de Pichari, Unión Ashaninka y el centro poblado de Kiteni (Echarate).
Junín
- Provincia de Satipo: Distritos de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo.
El estado de emergencia en estas zonas permitirá a las fuerzas de seguridad realizar operativos sin necesidad de órdenes judiciales, incluyendo ingreso a domicilios y detenciones preventivas.
Aumento del presupuesto para controlar protestas
Desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, el presupuesto público destinado a “Disminuir la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” ha tenido un incremento significativo.
- En 2022, bajo el gobierno de Pedro Castillo, se destinaron S/ 463.8 millones a este rubro.
- En 2023, el gobierno de Dina Boluarte elevó la cifra a S/ 543.1 millones.
- Para 2024, la asignación presupuestaria aumentó nuevamente a S/ 635.1 millones.
Esto significa que desde la llegada de Boluarte al poder, el presupuesto para controlar las protestas sociales ha crecido en S/ 171.3 millones, un 36.91 % más en comparación con el último año de gestión de Pedro Castillo.
El aumento en la inversión ha generado críticas desde sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que consideran que el gobierno está priorizando la represión en lugar del diálogo con las comunidades afectadas.
“El gobierno está militarizando regiones enteras en lugar de atender las demandas sociales con políticas públicas efectivas”, manifestó un vocero de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, fuentes del Ministerio del Interior defienden la asignación presupuestaria, argumentando que “la seguridad es una prioridad”.
“El Estado debe garantizar la estabilidad del país. No podemos permitir que se repitan los hechos de violencia del 2022”, señalaron desde el Ejecutivo.
¿Qué impacto tendrá esta medida?
La ampliación del estado de emergencia en distritos clave de la sierra peruana indica que el gobierno de Dina Boluarte sigue apostando por una estrategia de seguridad basada en la presencia militar y la restricción de derechos constitucionales en determinadas regiones.
Sin embargo, esta decisión podría generar nuevas tensiones con sectores de la población que han mostrado su rechazo a la intervención militar en sus territorios.
En Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, las protestas podrían intensificarse si las comunidades consideran que el gobierno está vulnerando sus derechos.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso excesivo de la fuerza en estos territorios podría derivar en nuevas violaciones a los derechos fundamentales, como ocurrió en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando al menos 50 civiles murieron durante enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía.
A pesar de estas preocupaciones, el gobierno sostiene que la medida es necesaria para garantizar la seguridad y la paz social.
Conclusión
La decisión del gobierno de ampliar el estado de emergencia en zonas estratégicas de la sierra demuestra su firmeza en el control del orden público, pero también genera preocupaciones sobre el impacto en las comunidades locales.
Mientras que el Ejecutivo insiste en que la militarización de estas áreas busca contener a grupos hostiles, diversas voces advierten que esta medida podría derivar en un nuevo foco de conflictos sociales y enfrentamientos con la población.
El Perú se encuentra nuevamente en una encrucijada: ¿Garantizar la seguridad con presencia militar o buscar el diálogo como herramienta para evitar la violencia?
