El Poder Judicial ha decidido ampliar por 15 meses más el plazo de prisión preventiva contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Según un reporte de Mariana Quilca Catacora para Infobae, esta medida asegura que Chávez continúe detenida mientras se desarrolla la investigación en su contra por su presunta participación en el golpe de Estado fallido del expresidente Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
La resolución, emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, establece que Chávez permanecerá en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos hasta el 19 de marzo de 2026. La decisión también insta a la Fiscalía a presentar los requerimientos procesales dentro de los plazos estipulados.
Betssy Chávez: “Estoy secuestrada”
En la audiencia del 26 de diciembre, Chávez afirmó que se encuentra “secuestrada” en el penal, alegando que el plazo inicial de su prisión preventiva venció el 19 de diciembre. Sin embargo, la Fiscalía había solicitado la ampliación de esta medida un día antes, el 18 de diciembre, argumentando la necesidad de asegurar el desarrollo de las investigaciones.
Fundamentos de la ampliación
El juez Checkley justificó su decisión señalando el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción a la justicia. La Fiscalía presentó pruebas que respaldan estas preocupaciones, incluyendo intentos previos de Chávez por refugiarse en la embajada de México tras el arresto de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Además, se reveló que Chávez solicitó la entrega de elementos de su oficina en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como laptops y documentos, lo que habría dificultado la recolección de pruebas. “El riesgo de interferencia es evidente dado el contexto del caso y el nivel de responsabilidad de los involucrados,” sostuvo la Fiscalía.
El caso contra Betssy Chávez
Chávez está acusada de ser coautora del delito de rebelión, relacionado con el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y declarar un estado de excepción en diciembre de 2022. Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de 25 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años y medio.
Durante su gestión en el gobierno de Castillo, Chávez ocupó diversos cargos de alta responsabilidad, incluyendo ministra de Trabajo, ministra de Cultura y, finalmente, presidenta del Consejo de Ministros. Sin embargo, su paso por estos roles estuvo marcado por polémicas y críticas constantes.
Otros implicados en el golpe de Estado
El caso de Betssy Chávez no es el único relacionado con el intento de golpe de Estado. Junto a ella, el exministro del Interior Willy Huerta y el congresista y exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez también enfrentan acusaciones graves. La Fiscalía ha solicitado penas similares para estos funcionarios, argumentando que su rol fue clave en el plan fallido de Pedro Castillo.
Además, Aníbal Torres, exjefe del Gabinete Ministerial, será procesado por su implicación en el caso. Torres desempeñaba el cargo de asesor de la PCM al momento de los hechos, lo que lo sitúa dentro del círculo cercano de decisión del expresidente.
La complejidad del caso
El expediente completo del golpe de Estado ha sido remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que programará el juicio oral. Este proceso incluirá los cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
El juez Checkley subrayó la complejidad del caso debido al alto perfil de los acusados y la naturaleza excepcional de los hechos investigados. “Este proceso no solo involucra a altos funcionarios, sino que se enmarca en un contexto de alteración grave del orden constitucional,” declaró el magistrado.
Pedro Castillo: el principal acusado
El expresidente Pedro Castillo es el principal acusado en el caso. Por su intento de golpe de Estado, enfrenta una posible condena de 34 años de prisión y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Castillo fue detenido horas después de anunciar la disolución del Congreso en un mensaje a la nación. En el mismo comunicado, declaró un estado de excepción que fue ampliamente rechazado por las instituciones democráticas del país, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Reacciones y perspectivas
La ampliación de la prisión preventiva para Betssy Chávez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Mientras algunos sectores consideran que la medida es necesaria para garantizar una investigación exhaustiva, otros cuestionan si se está respetando el debido proceso.
Desde el penal de Chorrillos, Chávez continúa defendiendo su inocencia y argumenta que es víctima de una persecución política. “Esto no es justicia; esto es una revancha política disfrazada de proceso legal,” afirmó la exministra durante una reciente entrevista con sus abogados.
Por otro lado, la Fiscalía insiste en que existen suficientes pruebas para sostener las acusaciones, y recalca que las medidas adoptadas son proporcionales a la gravedad de los delitos imputados.
