Según un informe de Diego Quispe Sánchez para La República, los miembros de la Mesa Directiva del Congreso y sus aliados han manifestado su rechazo ante la posibilidad de que se presente una moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), en medio del escándalo sobre una presunta red de prostitución vinculada a esta institución. Este tema ha generado un intenso debate entre las bancadas parlamentarias, con posturas diversas sobre el futuro del legislador.
Posturas de la Mesa Directiva
El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), defendió a Salhuana y criticó los intentos de destituirlo sin contar con una investigación clara. «Habría que tener la investigación respectiva, es muy prematuro lanzar ese tipo de afirmaciones que tratarían de desestabilizar la mesa», declaró.
En la misma línea, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), sostuvo que es precipitado emitir juicios sobre el caso. «Me parece prematuro sacar conclusiones hasta que no esté esclarecida esta situación. No está claro quiénes son las personas y parlamentarios involucrados en esta supuesta red», afirmó.
Posiciones ambiguas en el fujimorismo
Por su parte, el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura prefirió no tomar una posición clara sobre el caso. «Deberíamos continuar con las investigaciones. Aquí tenemos que ver cómo se está manejando Recursos Humanos del Congreso», señaló. Esta declaración contrasta con la postura de su colega de bancada, Alejandro Aguinaga, quien anteriormente pidió públicamente que Salhuana renunciara a la Mesa Directiva.
Búsqueda de firmas para la moción de censura
El jueves, el congresista de Podemos Perú, Carlos Zeballos, reveló que se está elaborando un documento para presentar una moción de censura contra Salhuana. «Se está hablando de una censura al presidente del Congreso. He visto a Honor y Democracia, al congresista José Cueto, también hay parte de Podemos Perú y otras bancadas como la de la congresista Ruth Luque, y de Renovación Popular», detalló Zeballos.
De acuerdo al reglamento del Congreso, se requieren al menos 20 firmas de congresistas para formalizar la moción de censura.
El escándalo detrás del caso
El epicentro de este escándalo es el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien fue señalado en un reportaje del programa Beto a Saber como el responsable de haber contratado a la abogada Andrea Vidal para reclutar personal que realizara trabajos sexuales en la institución.
Vidal, quien falleció recientemente tras un ataque de sicarios, estuvo vinculada al caso hasta el estallido del escándalo, momento en el que el Congreso prescindió de los servicios de Torres Saravia.
Vínculos con gestiones pasadas
La controversia no solo afecta a Salhuana, sino que también involucra a otros actores en la administración del Congreso. Torres Saravia fue designado durante la presidencia de Alejandro Soto (APP). Según sus declaraciones a la Comisión de Fiscalización, su contratación fue responsabilidad del oficial mayor Giovanni Forno, quien a su vez fue contratado durante otra gestión de APP.
Además, la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Figueroa, también ha sido señalada en este caso. Aunque Figueroa respondió que las contrataciones cuestionadas no ocurrieron durante su gestión, su vínculo con APP y su militancia acuñista han levantado sospechas sobre la influencia del partido en el manejo de recursos humanos del Congreso.
Medidas adoptadas por Salhuana
Ante las crecientes críticas, Salhuana tomó la decisión de prescindir de Torres Saravia y crear una comisión ad hoc para investigar el caso. Sin embargo, esto no ha logrado aplacar las críticas de algunos sectores.
«El presidente del Congreso ha actuado con pasividad ante un escándalo de esta magnitud», señaló la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular). Este tipo de cuestionamientos refuerzan las tensiones alrededor de la gestión de APP en la presidencia de la Mesa Directiva.
Implicancias políticas
El caso no solo pone en jaque la continuidad de Salhuana al frente del Congreso, sino que también afecta la imagen de APP y su rol en la Mesa Directiva. Mientras las firmas para la moción de censura se siguen recolectando, las diferentes bancadas enfrentan la difícil tarea de equilibrar el interés político y la responsabilidad institucional.
A medida que avance la investigación, se espera que más detalles sobre la presunta red de prostitución salgan a la luz, lo que podría intensificar la presión sobre Salhuana y su partido.
