La tensión política en Huánuco alcanzó un punto crítico el 25 de enero de 2026. El gobernador regional, Antonio Pulgar, descalificó las acciones de una congresista —cuya identidad vincula a procesos judiciales de su entorno cercano— tildándolas de “campaña política” sin rigor reglamentario. Con una ejecución presupuestaria que involucra S/2,000 millones a nivel de pliego, Pulgar defendió la transparencia de su gestión, asegurando que se han respondido 20 documentos de requerimiento de información de manera integral. El mandatario regional subrayó que cualquier fiscalización debe ceñirse al reglamento parlamentario, exigiendo acreditaciones formales de comisiones especiales para permitir el ingreso a las instalaciones. ¿Es este enfrentamiento una legítima defensa institucional o una estrategia para neutralizar el control político sobre los fondos públicos regionales?
¿Cumplió la congresista con el reglamento de fiscalización?
El gobernador Antonio Pulgar fue enfático al señalar que la parlamentaria no respetó los protocolos del Congreso de la República. Según Pulgar, la legisladora se presentó invocando una Comisión Especial de Fiscalización sin la presencia de su presidente ni la acreditación de los 16 parlamentarios que suelen integrar estos grupos. “Tiene que haber un requerimiento y una delegación clara”, afirmó, recordando que el marco normativo exige una transparencia que, según él, la congresista ignora. El conflicto escaló al mencionar que la autoridad utiliza una camioneta bajo cuestionamiento por coimas, un dato que añade presión a la disputa iniciada este primer trimestre de 2026. El gobernador advirtió que no recibirá a la legisladora si acude sola y sin el sustento documental que el cargo exige.
¿Es factible entregar expedientes de S/2,000 millones?
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la naturaleza de los pedidos de información. El gerente regional intervino para aclarar que la congresista solicitó órdenes de compra y servicios de todo el Gobierno Regional desde el 2023 hasta el 2026. Esta petición abarca un presupuesto de S/2,000 millones, lo que implicaría la impresión de millones de hojas de papel, una tarea calificada como “imposible” logísticamente. La administración regional argumenta que, bajo la Ley de Transparencia, los pedidos deben ser específicos y no genéricos. Hasta la fecha, se han procesado 20 documentos entregados satisfactoriamente, pero la masividad de la nueva solicitud es vista como un intento de obstrucción administrativa más que una labor de vigilancia real sobre el tesoro público.
¿Existe una motivación personal tras la fiscalización?
Pulgar no dudó en vincular la actitud de la parlamentaria con su situación legal privada. Mencionó que ella solicitó una exoneración en un proceso donde está vinculado su esposo, sugiriendo que la “guerra declarada” es una cortina de humo. “Entrega a tu esposo, generas mucho problema”, lanzó el gobernador en una declaración que elevó la temperatura mediática. Este enfrentamiento ocurre mientras la región maneja proyectos emblemáticos que requieren estabilidad. El gobernador sostiene que la legisladora actúa con “ignorancia de temas” y la retó a un debate público para que la población califique su capacidad técnica con una nota de “00”. La humanización del conflicto deja entrever que la fiscalización ha trascendido lo técnico para convertirse en un choque de legados.
¿Cómo afecta este conflicto a los proyectos emblemáticos?
La preocupación central del Gobierno Regional es que el ruido político distraiga la ejecución de obras clave. Pulgar insistió en que Huánuco no puede detenerse por lo que considera un “mamarracho” de investigación. Con un horizonte de gestión que llega al 2026, el mandatario regional pidió a los medios concentrarse en los proyectos de inversión y no en las rencillas personales. Sin embargo, el cuestionamiento sobre el uso de recursos y la transparencia en las órdenes de servicio sigue latente. La autoridad regional asegura que las puertas están abiertas, pero bajo condiciones estrictas de legalidad. El riesgo de parálisis administrativa por exceso de fiscalización o falta de transparencia es una balanza que la región Huánuco intenta equilibrar en medio de este fuego cruzado.
¿Qué dicen los asesores sobre la filtración documental?
El gobernador admitió que algunos de sus funcionarios no estuvieron “al día” inicialmente con la documentación específica del Congreso, lo que permitió el ingreso de la parlamentaria bajo una supuesta confusión. No obstante, tras alertar sobre la falta de acreditación, la postura se endureció. Pulgar reconoció que sus gerentes, especialistas en áreas como oxígeno o infraestructura, no tienen por qué ser expertos en el fuero legislativo, pero que han cumplido con enviar la totalidad de los 20 requerimientos previos. Esta brecha en la comunicación interna fue corregida para evitar futuros incidentes. La administración regional ahora exige que cada paso de la fiscalización sea registrado y validado por la comisión correspondiente para evitar “abusos de poder” injustificados.
¿Podría la fiscalización terminar en una denuncia penal?
La tensión ha llegado al punto de discutirse el honor y la imagen institucional. Ante la pregunta de por qué la congresista se siente afectada en su imagen, Pulgar respondió que “le tiene sin cuidado” si su propia imagen se mengua, pues su prioridad es el cumplimiento de la norma. El gobernador sugirió que el Jurado Nacional de Elecciones podría intervenir si se determina que estas acciones son parte de una campaña política encubierta. Mientras tanto, la amenaza de denuncias por difamación o abuso de autoridad flota en el ambiente. La fiscalización, que debería ser una herramienta de mejora, se ha transformado en un expediente judicial en potencia que involucra a las máximas autoridades de la región y a sus representantes en Lima.
¿Habrá una tregua antes del cierre del trimestre?
El cliffhanger de esta crisis política reside en la próxima visita de la comisión fiscalizadora. Pulgar ha ofrecido “un espacio para dormir” a la congresista si desea establecerse en la sede regional, un gesto cargado de sarcasmo que cierra cualquier vía de diálogo amistoso en el corto plazo. Con 48 horas de antelación necesarias para cualquier protocolo oficial y una lista de 5 proyectos críticos por defender, el gobernador se mantiene firme. ¿Logrará la parlamentaria presentar una acreditación válida de los 16 parlamentarios para auditar los S/2,000 millones? ¿Se revelarán irregularidades en las 20 respuestas ya entregadas? El primer trimestre de 2026 definirá si esta fiscalización es el inicio de una caída política o simplemente un episodio más de la compleja política huanuqueña.
