La controversia en torno a la asignación de espacios en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha escalado, colocando en el centro del debate a Lima Airport Partners (LAP) y las condiciones ofrecidas a la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las críticas se centran en la idoneidad de los espacios asignados para funciones críticas de seguridad, generando preocupación sobre la operatividad y eficacia en la lucha contra el narcotráfico en el principal terminal aéreo del país. Recordemos que el Aeropuerto Jorge Chávez, puerta de entrada y salida de millones de pasajeros al año, representa un punto estratégico en la seguridad nacional.
Según la investigación publicada por El Comercio, Lima Airport Partners (LAP) ha respondido a las denuncias públicas sobre los espacios asignados a la Dirandro en el nuevo terminal aéreo Jorge Chávez, defendiendo que las dimensiones y características de dichos ambientes fueron acordadas previamente con la Policía Nacional del Perú.
Rocío Espinoza, gerenta de Comunicaciones de LAP, ha manifestado que los espacios asignados cumplen con lo estipulado en el contrato de concesión. “Cada espacio se ha asignado de acuerdo al contrato de concesión. A estas alturas reclamar por nuevos espacios cuando todo está construido es un poco tarde”, enfatizó, sugiriendo que cualquier reclamo por modificaciones llega en un momento inoportuno, dada la fase avanzada de la construcción. La concesión del aeropuerto, recordemos, se extiende por varias décadas y ha sido objeto de diversas modificaciones a lo largo del tiempo.
LAP subraya que la asignación de espacios a la PNP se realizó en estrecha coordinación con la institución. “No es verdad que no se ha coordinado y que LAP ha hecho lo que ha querido”, afirmó Espinoza, buscando desmentir las acusaciones de falta de comunicación y decisiones unilaterales. De hecho, según la empresa, desde 2019 se han mantenido reuniones constantes con la División de Infraestructura de la PNP.
La empresa operadora ha especificado que los espacios para la PNP y la Dirandro están definidos en el Anexo 10 del Contrato de Concesión, y que el diseño se basó en las propuestas de distribución interna remitidas por las entidades estatales. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente en lo que respecta a la calidad de los materiales utilizados en los calabozos temporales, construidos con drywall, lo cual ha sido catalogado como inadecuado para garantizar la seguridad de los detenidos por el congresista Alfredo Azurín.
Además de las preocupaciones sobre la seguridad, el congresista Azurín ha señalado la considerable distancia entre el área de check-in y la oficina de la Dirandro, estimada en 20 minutos, lo que podría dificultar una rápida intervención ante situaciones sospechosas. Este aspecto plantea interrogantes sobre la eficiencia operativa de la lucha contra el narcotráfico en el nuevo terminal. El anterior terminal, pese a sus limitaciones, permitía una mayor agilidad en estas intervenciones debido a la proximidad de los espacios.
Otro punto crítico es la ausencia de una oficina de la Superintendencia Nacional de Migraciones para la emisión de pasaportes de emergencia en el nuevo aeropuerto, al menos durante los primeros meses de funcionamiento. Ante esta situación, LAP ha indicado que la atención de emergencias con pasaportes se realizará en la antigua terminal de la avenida Faucett, mientras que la nueva sede operará a finales de este año o principios del próximo. Esta transición plantea desafíos logísticos para los pasajeros que requieran este servicio.
