- Abogado también contradijo argumentos dados por el Gorehco que impidieron reposición de trabajadores
- Explicó que ninguna institución puede desautorizar los dictámenes de un juez
El abogado defensor del personal asistencial CAS 04, Ángel Lazo, denunció que los directivos del Hospital Regional Hermilio Valdizán estarían desobedeciendo a la autoridad judicial, tras evitar la reposición del personal asistencial a dicho nosocomio.
“Acá es evidente que ellos están cometiendo un grave delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y se está atentando contra un estado constitucional, democrático de derecho”, apostilló.
Asimismo, desmintió las supuestas irregularidades en las contrataciones encontradas por el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco).
Las cuales fueron esgrimidas por el director del Hermilio Valdizán, Brady Arístides Caipa, la semana pasada, para desestimar la medida cautelar que ordena la reincorporación de 80 trabajadores despedidos.
En este sentido, Ángel Lazo aseguró que el monto para la cancelación de los trabajadores contratados, bajo el decreto supremo 228- 2021, habría llegado en el mes de enero pero a una partida que no le correspondía, específicamente a la partida de “gastos varios”.
Ante esta situación, el Gorehco, mediante el informe 144-2022, firmado por la jefa de la unidad de personal, reafirmó que el dinero llegó a otra “billetera” (partida) y que se debía iniciar el proceso de solicitud ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que retornen a la partida CAS 004.
“El Señor Yoel Alcedo, que ahora dice que no hay que acatar la medida cautelar, firmó un informe dirigido al MEF para que se moviera el dinero, en dicho informe dice que a fin de continuar con la implementación multianual solicita que se haga la modificación presupuestaria. Modificación que fue aprobada y autorizada en el mes de abril”, explicó.
Lazo enfatizó que el MEF autorizó el retorno de S/ 19 millones al CAS 04, para la cancelación de haberes, salud y aguinaldos. El cual se sería una prueba que contradice las irregularidades que habla el Gorehco y el hospital Hermilio Valdizán.
“Como ustedes saben, el presupuesto del Estado se aprueba en el congreso, entre los meses septiembre y octubre, o sea ninguna institución podría tener S/ 19 millones en abril, porque simplemente le llegó el dinero. Entonces esa es una prueba de que el dinero ya estaba desde el año pasado destinado para el hospital, sólo que por error llegó a otra partida”, indicó el letrado.
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Coalición ¿beneficiada?
Asimismo, Ángel Lazo resaltó que la autorización que se pidió al MEF se hizo directamente para el pago de CAS 004. No obstante, supuso que esta coyuntura vendría a beneficiar a los aliados de la actual gestión del gobierno regional, se trataría de nada más ni nada menos que la agrupación La Coalición.
“Lo que hacen ellos es que como para esas fechas sale el prófugo Juan Alvarado y justamente por una medida cautelar de prisión preventiva, entonces se aprovechan de eso y toman el poder, asimismo, desde nuestro punto de vista, empiezan a buscar espacios para meter su gente de La Coalición”, indicó.
Mandato cautelar
Lazo señaló que de acuerdo al artículo 139, inciso 1 de la Constitución Política del Perú (CPP), la única institución facultada para administrar justicia es el Poder Judicial, por lo que ninguna autoridad administrativa puede desconocer, desvalorar o deslegitimar un mandato cautelar.
“No puede venir un jefe de planeamiento a desconocer un mandato cautelar, porque ese señor no forma parte de la jerarquía del Poder Judicial, solamente podría dejar sin efecto esa decisión el superior en grado de un juez laboral, eso dice la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial”, acotó.
También afirmó que el gobierno regional quiera o no deberá acatar, ya que la CPP no le ha delegado ninguna facultad a la vía administrativa para dejar sin efecto un mandato cautelar.
“Ellos lo primero que tienen que hacer es acatar ese mandato y dentro de un proceso oponerse, esperar que el juez resuelva y si no están de acuerdo apelar y recién cuando vaya a la segunda instancia será el juez superior o la sala superior quién pueda revocar o modificar lo que ha decidido el juez”, resaltó.
El abogado defensor detalló que los argumentos del Gorehco sobre las presuntas irregularidades del proceso de cancelación, solo buscan desviar la atención de la comunidad para hacer creer que como hay vicio y errores, ya no hay derecho.
“Ellos también sostienen que ha enviado un conjunto de documentos a la Contraloría y a la secretaría Técnica, porque existen algunas irregularidades que ellos han encontrado”, detalló Lazo.
Sin embargo, cuando terminen esos procesos en secretaría Técnica y la Contraloría, lo único que van a determinar es si hubo o no responsabilidad administrativa y esa responsabilidad no perjudica a mis patrocinados, porque ellos han trabajado, han brindado servicios y más bien le deben sus remuneraciones”, precisó.
Desobediencia y resistencia a la autoridad
Ángel Lazo afirmó que otra de las bases que amparan a estos trabajadores es la Ley 13131, aprobada constitucionalmente en el mes de noviembre.
La cual contempla que todo trabajador CAS, que realiza labores permanentes y primordiales, es un trabajador permanente siempre y cuando haya ingresado por concurso público.
“En consecuencia, ellos han ingresado por concurso público, hay plaza vacante presupuestada porque es un Plan Multianual, este Plan Multianual se construye para que este hospital, que ahora es de tres pisos, llegue al nivel 3.1 y para ello se necesitan 1156 personas. En el 2021 se debería llegar a 313 trabajadores, que fue lo que se contrató”, indicó.
Por otra parte, refirió que para el 2022 también se contrató a 313 profesionales y para el 2023 se debe contratar un promedio de 450. Así, hasta llegar de manera progresiva a 1150, explicó el profesional.
EL DATO
El viernes de la semana pasada, el director Brady Arístides, se opuso a la reposición de los trabajadores despedidos, bajo sustento de un informe del Gobierno Regional que lo imposibilitaba.
