El expresidente Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años y 6 meses de prisión por su participación en actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato, convirtiéndose en el primer exmandatario peruano en recibir una sentencia por este escándalo internacional. La decisión fue emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la magistrada Inés Rojas Contreras, quien encontró a Toledo culpable de colusión y lavado de activos relacionados con la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur a la empresa Odebrecht.
La sentencia, que incluye nueve años por colusión agravada y once años y seis meses por lavado de activos, fue dictada a partir de la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, representante del Ministerio Público. Toledo cumplirá su condena en el penal de Barbadillo, donde también se encuentra el expresidente Pedro Castillo. Además, se le ha impuesto una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos.
Argumentos del Poder Judicial
El Poder Judicial basó su condena en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Constitución del Perú, destacando la responsabilidad de Toledo como máxima autoridad del país durante su mandato. Según lo expuesto, Toledo, como presidente, tenía el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, además de representar al Estado tanto dentro como fuera del territorio nacional. Sin embargo, se comprobó que el exmandatario no solo facilitó la concesión a Odebrecht, sino que recibió 35 millones de dólares en sobornos a cambio de otorgar la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
El Tribunal enfatizó que la reunión en Río de Janeiro entre Toledo y representantes de Odebrecht fue clave para la aceptación de los pagos ilícitos y para asegurar que la constructora brasileña obtuviera los contratos. Este acto de colusión, en el que se evidenció la concertación entre el expresidente y privados, es considerado una traición a la confianza pública y una grave defraudación al Estado.
En el adelanto de la sentencia, la Sala señaló: “Alejandro Toledo, como presidente del Perú, debía cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes. Le competía proteger y velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, y actuar con neutralidad”. Sin embargo, se demostraron “irregularidades e injerencias” que facilitaron la rápida adjudicación de los contratos a Odebrecht, con la intervención directa del expresidente en el proceso de concesión.
Otros implicados y detalles de la sentencia
En cuanto a las otras personas involucradas en el caso, el Poder Judicial determinó que Alberto Pasco-Font, Sergio Bravo Orellana y José Castillo participaron en los delitos de colusión. No obstante, Castillo fue considerado colaborador eficaz, lo que le permitió aceptar los hechos y reducir su condena. Por otro lado, Avraham Dan On, también implicado en el caso, fue exonerado de responsabilidad penal por no haberse encontrado suficientes pruebas que lo vincularan directamente con el delito de colusión.
Adicionalmente, en relación con el delito de lavado de activos, se confirmó que Toledo utilizó parte de los 35 millones de dólares recibidos ilegalmente en operaciones financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos. Por este delito, se le impuso una condena de once años y seis meses de prisión, además de 242 días-multa y una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Con esta condena, Alejandro Toledo enfrentará un total de 20 años y seis meses de cárcel, consolidando un importante precedente en la lucha contra la corrupción en el país. Este caso marca un hito en el contexto del escándalo de Lava Jato, que ha involucrado a múltiples expresidentes y altos funcionarios en América Latina.
