El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció un endurecimiento significativo de las sanciones penales para quienes participen o organicen bloqueos de carreteras, una medida que llega en un momento de creciente tensión social en el país. Según Otárola, aquellos involucrados en bloqueos podrán enfrentar hasta 15 años de cárcel. Esta decisión se da en el contexto de las recientes protestas en Barrio Chino, Ica, y la convocatoria de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte programadas entre el 7 y el 9 de diciembre.
“Estamos modificando el Código Penal para garantizar la seguridad pública”, expresó Otárola en conferencia de prensa, refiriéndose al Decreto Legislativo 1589. Este decreto también establece penas severas por daños a la propiedad pública o privada y por entorpecer servicios públicos, con sanciones que oscilan entre seis y diez años de cárcel, además de multas.
Esta medida surge en respuesta a los recientes disturbios en Barrio Chino, donde, en la noche del 3 de diciembre, aproximadamente 500 personas bloquearon la Panamericana Sur, resultando en enfrentamientos con la Policía y lesiones a dos manifestantes.
Las protestas planificadas para los días 7, 8 y 9 de diciembre están motivadas por el descontento con la administración de Boluarte, la fiscal Patricia Benavides y varios congresistas, en un clima de baja aprobación popular hacia estos funcionarios. Otárola hizo un llamado al Ministerio Público para aplicar las nuevas penas y procedimientos legales según este marco penal revisado.
