Denesy Palacios Jiménez (*) 22.10.2019
“En un contexto global de cambios en la distribución del poder internacional se sugiere considerar la Agenda 2030 como un proceso inacabado, como un espacio en disputa, pendiente de interpretaciones políticas desde diferentes actores. Construir la narrativa sobre desarrollo humano desde una perspectiva integral, universal y democrática exigirá considerar la nueva agenda como un proceso abierto y dinámico, como una agenda de agregados más que como un consenso cerrado y suficiente, solo pendiente de implementación.” (Pablo Martínez e Ignacio Martínez)
El artículo publicado por Pablo Martínez e Ignacio Martínez, sobre la Agenda 2030 ¿Cómo cambiar el mundo sin cambiar la distribución del poder?, nos refleja la teorización sobre el desarrollo postulados por diversos autores, y ha permitido evolucionar desde una mirada unidimensional, que asociaba el desarrollo con el crecimiento material y la capacidad productiva, es decir, centrado en el crecimiento económico; hoy contamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y las miradas más amplias que tratan de recoger otros conceptos desde diferentes dimensiones y concepciones del bienestar, no solo de la academia, sino de la propia sociedad civil, y desde la práctica política, que ponen en cuestionamiento la idea del progreso en el que se asienta la idea del desarrollo, que hoy vemos se encarna en la noción del desarrollo humano y sostenible.
El discurso político encuentra enormes dificultades para concretarse en la práctica política y en los sistemas públicos de toma de decisiones, que a lo largo de décadas se han mostrado incapaces de dar respuesta a los problemas del desarrollo. Y más bien parece que hubiera ocurrido que a medida que la noción de desarrollo se hacía más compleja y ambiciosa, más se ha alejado la práctica política del debate teórico, y más se agravaban los mencionados problemas.
La Agenda del Milenio y los resultantes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) supusieron una buena muestra de cómo un intento de trasladar parte de la doctrina sobre desarrollo al terreno de la política acabó resultando en una propuesta que se alejó de manera significativa de lo que el relativo consenso en la doctrina sobre el desarrollo hubiera sugerido, pues pocos países lo asimilaron y los porcentajes obtenidos son minoritarios de las metas trazadas, y profundizaban en la generación de otros problemas del desarrollo de carácter estructural relacionados con el deterioro ambiental, el aumento de las desigualdades o la inseguridad humana.
En primer lugar, la conformación de la agenda de desarrollo responde más a un terreno de disputa política y defensa de visiones e intereses de aquellos actores que la conforman y definen. El resultado, por lo tanto, tiene mayor relación con la distribución del poder de los actores que participan en su proceso de construcción que con la capacidad del proceso de articular una respuesta a los problemas del desarrollo desde una posición informada a partir del debate sobre el desarrollo.
En segundo lugar, la agenda internacional de desarrollo no constituye el único marco de referencia, ni siquiera el más relevante, en el que se toman las principales decisiones que afectan a los problemas centrales del desarrollo como la desigualdad, el cambio climático, la seguridad humana o los derechos humanos. Las negociaciones comerciales, los acuerdos de inversión, la agenda sobre fiscalidad, el derecho internacional, por mencionar solo algunos de los más relevantes ámbitos para la gobernanza global.
Hoy contamos con el avance y la extensión de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (TIC), no solo ampliaron el acceso a las mismas a más personas en todas las latitudes, sino que este ha sido una influencia decisiva en procesos de movilización social y política que en multitud de países visibilizaron su desconfianza de las élites y la insuficiencia de los sistemas políticos de representación clásicos. Por lo tanto, en busca de aunar mayor legitimidad se han hecho enormes esfuerzos institucionales por abrir canales de consulta y lo que se busca es una mayor participación del pueblo para el pueblo, y donde la corrupción o enriquecimiento de las clase política no tenga cabida.
