Congreso busca eliminar contratos civiles y deja en la incertidumbre a miles de trabajadores estatales

El Congreso de la República ha retomado la discusión para eliminar de forma definitiva los contratos civiles bajo la modalidad de locación de servicios en el Estado, medida que podría afectar directamente a miles de trabajadores contratados sin vínculo laboral formal. Según el proyecto presentado, esta iniciativa busca cerrar la puerta a un esquema que, si bien fue restringido en 2021, aún se utiliza para labores temporales y urgentes.
La propuesta, impulsada por el congresista Echeverría, sostiene que la figura de locación de servicios ha fomentado la precarización laboral y la falta de derechos fundamentales, como el acceso a beneficios sociales y estabilidad. De acuerdo con el legislador, resulta indispensable “regularizar” las contrataciones en el aparato público y garantizar condiciones más dignas para quienes cumplen funciones continuas.
Sin embargo, especialistas consultados advierten que una eliminación abrupta sin un plan de transición podría generar serios problemas operativos en el Estado. Muchos servicios esenciales dependen de profesionales contratados bajo esta modalidad, quienes, en su mayoría, cubren vacantes ante la imposibilidad de ampliar planillas permanentes.


Impacto en las regiones y trabajadores afectados
Varios sindicatos y asociaciones de locadores han manifestado su preocupación ante la falta de alternativas claras. Para muchos, la medida podría dejar a profesionales sin ingresos inmediatos y aumentar la burocracia en áreas clave como salud, educación y justicia.
Además, se cuestiona la capacidad del Estado para absorber a estos trabajadores en regímenes como el CAS o planillas, considerando las restricciones presupuestarias y la rigidez administrativa que enfrenta el sector público.
Mientras tanto, ciudadanos expresan temor por la posible interrupción de servicios y exigen que se priorice un enfoque social en cualquier reforma. Los involucrados coinciden en que el Congreso debe abrir espacios de diálogo y evaluar el impacto real antes de concretar la eliminación total de esta modalidad contractual.