El reciente convenio colectivo firmado entre el Ejecutivo peruano y el sindicato de trabajadores del régimen CAS contempla un incremento salarial mensual de S/ 100 para estos empleados. Según lo acordado, este aumento busca reconocer el esfuerzo y las demandas de este sector, que ha venido solicitando mejoras en sus condiciones laborales desde hace varios años.
Además del incremento salarial, se acordó otorgar un bono excepcional a los trabajadores, aunque los detalles específicos sobre el monto y la fecha exacta de entrega aún no han sido precisados oficialmente.
De acuerdo con el convenio, el Ejecutivo también se comprometió a presentar próximamente un proyecto de ley que permita a los trabajadores CAS acceder a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio que históricamente ha sido una de las principales demandas del colectivo. Este compromiso legal busca equiparar, en parte, los derechos laborales de los empleados CAS con los de otros regímenes laborales del sector público.
Mientras tanto, en el Congreso se evalúan medidas complementarias que podrían otorgar de forma directa otros beneficios como gratificaciones y derechos laborales plenos. La intención de los legisladores sería acelerar la inclusión de estos trabajadores en un régimen con mayores garantías, en medio de un contexto en el que se ha evidenciado la importancia de fortalecer los derechos del personal público.
El convenio colectivo firmado es considerado por el sindicato como un paso importante hacia la formalización y dignificación de sus condiciones laborales. Sin embargo, varios especialistas han advertido que la implementación efectiva de estos beneficios dependerá no solo de la voluntad política, sino también de la disponibilidad presupuestal y de la coordinación interinstitucional.
El acuerdo ha sido recibido con optimismo por parte de los trabajadores, quienes consideran que representa un avance significativo tras años de movilizaciones y negociaciones. No obstante, sigue pendiente la aprobación final del proyecto de ley que garantizaría la CTS y la extensión de otros derechos, lo que será clave para consolidar los cambios anunciados y asegurar una mayor estabilidad para este segmento de empleados públicos.
