La reciente modificación del reglamento de la Ley N°32213, impulsada por el gobierno de Dina Boluarte, marca un punto de inflexión en la formalización minera en Perú. Esta ley, previamente extendida por el Congreso, buscaba ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y otorgar al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) un rol central en el proceso. El Decreto Supremo N°010-2025-EM, firmado por la presidenta Boluarte y el ministro Jorge Montero Cornejo, introduce cambios sustanciales, especialmente en lo referente a la transmisión del Reinfo y la colaboración con gobiernos regionales. Estas decisiones se toman en un contexto de creciente preocupación por la persistencia de la minería informal y la necesidad de establecer límites claros para su regularización, un problema que ha afectado significativamente las economías locales y el medio ambiente.
Según la investigación publicada por El Comercio, la decisión del gobierno de eliminar la posibilidad de heredar el Reinfo responde a las fuertes críticas recibidas por esta figura, considerada por algunos como un incentivo a la perpetuación de la informalidad. Esta medida había sido incorporada en decretos anteriores, pero la administración Boluarte decidió revocarla ante la presión de diversos sectores.
La eliminación de la transferencia del Reinfo por herencia es una de las modificaciones más destacadas. Inicialmente, esta opción estaba contemplada en el Decreto Supremo N.º 018-2017-EM y había sido ratificada recientemente por la administración actual en el Decreto Supremo N°09-2025-EM. El MINEM argumenta que esta decisión busca asegurar la naturaleza transitoria y excepcional del proceso de formalización, evitando que se interprete como una vía para prolongar indefinidamente la informalidad. Este cambio busca dar certeza sobre el fin del proceso de regularización y evitar que se convierta en un mecanismo para perpetuar la minería informal, una práctica que ha generado numerosos problemas en el país.
Otra modificación relevante es la derogación del artículo 10 del reglamento de la Ley N°32213. Este artículo permitía que el MINEM estableciera acuerdos con gobiernos regionales para que estos apoyaran el proceso de formalización minera. El Ejecutivo justificó esta derogación argumentando que la mención podría generar “confusión o incertidumbre” respecto a las competencias otorgadas por la ley, ratificando así que el MINEM asume la total rectoría del proceso. Este movimiento consolida el control del gobierno central sobre la formalización, eliminando posibles duplicidades o conflictos de jurisdicción con las autoridades regionales.
Además, el Decreto Supremo N°010-2025-EM establece la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas técnicas para la implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Este sistema busca mejorar la gestión y el control de la actividad minera a través de la digitalización y la interoperabilidad de la información, lo que podría facilitar la fiscalización y el cumplimiento de las regulaciones. La implementación del SIPMMA representa un esfuerzo por modernizar la gestión del sector minero y promover una mayor transparencia en las operaciones.
En el Congreso, la interpelación al ministro de Energía y Minas sigue su curso, impulsada por 31 congresistas de diversas bancadas. El pliego interpelatorio incluye 20 preguntas sobre el Reinfo, la figura de la sucesión y la masacre en Pataz, entre otros temas. A pesar de la eliminación de la herencia del Reinfo, el congresista Luis Aragón (Acción Popular) considera que la interpelación debe continuar, ya que su bancada tiene otras preocupaciones, como la violencia en Pataz y la necesidad de una lucha frontal contra la minería ilegal. El hallazgo de una nueva fosa común en las minas de Pataz ha intensificado el debate y la presión sobre el gobierno para que tome medidas más efectivas.
El ministro Montero ha defendido las modificaciones, argumentando que el gobierno ha entendido la preocupación de diversos actores sobre la posible perpetuación del Reinfo. Subrayó que la derogación de la figura de la herencia busca generar tranquilidad y dejar claro que esta no es la intención del gobierno. Respecto a la fosa común en Pataz, el MINEM indicó que se están brindando todo el apoyo técnico a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para recuperar la paz y el orden público en la zona. Asimismo, señaló que la fosa común fue detectada en octubre de 2024, lo que subraya la importancia de recuperar el control del territorio.
César Ipenza, experto en derecho ambiental, considera que el cuestionamiento social ha sido clave para que el gobierno revierta la disposición sobre la herencia del Reinfo. En diálogo con El Comercio, Ipenza señaló que las denuncias constitucionales que se alistaban en contra del titular de Energía y Minas y la presidenta se caen con esta derogación. Además, se refirió al descubrimiento de la fosa común en Pataz, calificándolo como un acto de terrorismo que debe ser perseguido y sancionado con la mayor severidad.
