La reciente promulgación de la Ley N° 32351 marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado peruano y los medios de comunicación, especialmente en lo concerniente a la difusión de mensajes sobre la violencia de género. Esta legislación, que modifica el artículo 46 de la Ley 30364, impone a los medios la obligación de ceder un 10% de su programación, en horario de protección familiar, para la difusión de contenidos elaborados por instituciones estatales dedicadas a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La imposición de esta cuota gratuita de programación ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios en el país.
Según la investigación publicada por El Comercio, la nueva ley otorga acceso gratuito a la franja educativa a doce instituciones estatales, incluyendo nueve ministerios, para la difusión de contenidos relacionados con la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación en la lucha contra la violencia de género.
La ambigüedad en la definición de los contenidos y los parámetros para determinar qué se vincula con los objetivos de la ley es una de las principales preocupaciones. Esta falta de especificidad abre la puerta a la posible instrumentalización de los medios para la difusión de mensajes alineados con la agenda política del gobierno de turno. La norma surge de un proyecto presentado por la congresista Mery Infantes, de Fuerza Popular, quien no brindó detalles sobre los fundamentos de su propuesta a pesar de haber sido contactada por el medio periodístico.
Si bien la ley busca abordar un problema social apremiante –en 2023 se registraron más de 460 denuncias diarias por violencia sexual, física y psicológica–, expertos advierten que la imposición de contenidos podría vulnerar la autonomía de los medios de comunicación. El Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) señala que la norma beneficia a ministerios con presupuestos para difusión, permitiéndoles acceder a propaganda gratuita bajo la etiqueta de servicio público. El abogado Roberto Pereira, asesor jurídico del Ipys, considera que la obligatoriedad impuesta por el Congreso se contrapone al artículo 14 de la Constitución Política del Perú y a la Ley de Radio y Televisión, que otorgan a los medios la potestad de definir la franja educativa. Es importante recordar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 4, consagra las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
La directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, reconoce la necesidad de involucrar a los medios en la prevención de la violencia, pero subraya la importancia de definir el tipo de mensajes a difundir para evitar la reproducción de “cambios ideologizados” del gobierno o de las autoridades del Ministerio de la Mujer. Otro dato para considerar es que, según el INEI, en el primer semestre de 2024, el 64,9% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron alguna vez violencia psicológica, verbal o física por parte de su esposo o compañero.
Esta ley se publica poco después de que la Fiscalía de la Nación denunciara constitucionalmente al ministro de Educación, Morgan Quero, y a la exministra de la Mujer, Ángela Hernández, por presunta incitación a la discriminación contra niños y niñas de comunidades nativas Awajun y Wampis, luego de que minimizaran la violencia sexual hacia menores como “práctica cultural”. En este contexto, el propio gobierno de Dina Boluarte se había opuesto inicialmente a la ley, argumentando la falta de justificación para la gratuidad y el riesgo para los ingresos de los radiodifusores.
No es la única iniciativa polémica en este sentido. El Ejecutivo intentó previamente modificar la Ley de Radio y Televisión para obligar a los medios a difundir las actividades del gobierno durante los estados de emergencia, propuesta que fue retirada tras ser considerada una intromisión en la independencia de los medios. En el Congreso, además, existen tres proyectos de ley similares que buscan imponer cuotas de programación para diversos temas, lo que ha generado preocupación en el sector mediático.
