La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la inmigración con la imputación de cargos criminales por contrabando a Kseniia Petrova, una científica de Harvard. Este caso, inicialmente tratado como una posible infracción administrativa, ahora se eleva a una acusación penal que podría acarrear serias consecuencias legales, incluyendo la deportación a Rusia, país del cual Petrova huyó en 2022. La detención ha generado controversia y ha movilizado a la comunidad científica internacional, que denuncia un posible uso desproporcionado de la ley.
Según la investigación publicada por The New York Times, la situación legal de Petrova se complica tras la imposición de cargos criminales, tres meses después de su detención inicial por supuestamente no declarar muestras científicas al ingresar al país.
El caso de Petrova ha puesto en tela de juicio la actuación de las autoridades de inmigración, especialmente tras las fuertes objeciones de la jueza Christina Reiss, del Tribunal de Distrito de Vermont, quien cuestionó la validez de la cancelación del visado J-1 de la científica por parte de un funcionario de aduanas. Reiss incidió en la carencia de autoridad legal para tal acción, sugiriendo que la detención podría ser ilegal. Petrova, quien trabaja en un laboratorio de Harvard Medical School, fue detenida al llegar a Estados Unidos y se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de prisión y una multa considerable en caso de ser hallada culpable de contrabando.
La denuncia penal detalla que Petrova supuestamente importó de manera “fraudulenta y consciente” especímenes biológicos no declarados, entre ellos, embriones de rana y muestras en portaobjetos. Se citan mensajes de texto como evidencia, donde Petrova manifestaba no tener un plan claro para pasar las muestras por la aduana. Además, se menciona que antes de llegar a Estados Unidos, Petrova trabajó en un centro de investigación genética en Rusia, vinculado al gobierno de ese país, un dato que añade complejidad al caso.
El abogado de Petrova, Gregory Romanovsky, denuncia una estrategia premeditada para criminalizar a su cliente y justificar su deportación. Destaca que la imputación de cargos criminales se produce justo después de que la jueza Reiss programara una audiencia de fianza que podría haber resultado en su liberación, lo que considera sospechoso. La defensa alega que la cancelación del visado y la posterior detención fueron ilegales y que los cargos criminales son infundados.
El gobierno, por su parte, argumenta que la cancelación del visado está dentro de las facultades del Secretario de Estado, quien ha delegado esa autoridad en los funcionarios de aduanas. El abogado del Departamento de Justicia, Jeffrey M. Hartman, defendió la actuación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), afirmando que esta representa la “primera línea de defensa contra materiales biológicos desconocidos” procedentes del extranjero. Hartman argumenta que el tribunal de Vermont no tiene jurisdicción sobre la detención de Petrova y que el caso debe ser resuelto en Luisiana, donde ICE la mantiene bajo custodia.
Este caso se suma a otros precedentes recientes en los que tribunales federales de Vermont han revocado decisiones de la administración Trump en materia de inmigración. Anteriormente, jueces ordenaron la liberación de Rumeysa Ozturk y Mohsen Mahdawi, estudiantes detenidos por haber protestado contra políticas israelíes. Aunque el caso de Petrova no parece tener una base política similar, la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, lo ha calificado como un “abuso de poder imprudente y cruel” contra miembros no ciudadanos de la comunidad académica. Adam Sychla, investigador de Harvard, organizó un grupo de apoyo a Petrova, subrayando que su detención injusta impide posibles colaboraciones científicas.
